Durante un juicio por jurado en Entre Ríos, un fiscal solicitó incorporar comunicaciones privadas de dos abogados con un cliente como prueba y fundamento de la acusación.
La jueza técnica Susana María Paola Firpo rechazó la pretensión y su decisión fue luego confirmada por el magistrado Walter Carballo. Esta situación, sin embargo, no pasó desapercibida y el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología el Colegio de la Abogacía se pronunció al respecto.
Atento a ello, el Instituto resaltó que no se debe “permitir este avasallamiento de garantías en el rol de nuestro trabajo como abogados defensores”, y señalaron la actuación de los magistrados “quienes bregan por la vigencia del estado de derecho”.
El hecho involucró a los abogados litigantes Roger Salvatelli y Natalia Salvatelli, y desde el Instituto afirmaron que fueron “víctimas de una maniobra del Ministerio Público Fiscal que intentó usar como prueba en un juicio penal las conversaciones que habían mantenido con su cliente, violando garantías constitucionales de primer orden”.
Atento a ello, el Instituto resaltó que no se debe “permitir este avasallamiento de garantías en el rol de nuestro trabajo como abogados defensores”, y señalaron la actuación de los magistrados “quienes bregan por la vigencia del estado de derecho”.
“Con estas actuaciones invitamos a todos los colegas de la provincia que ejercen la profesión a que se comuniquen y denuncien estos atropellos ante cada delegado departamental del Instituto, y anhelamos que la sana práctica de preservar los derechos constitucionales se contagie al resto de los operadores judiciales”, señaló el comunicado.