Un proyecto de ley para regular los honorarios profesionales generó una fuerte polémica en Entre Ríos. El Senado suspendió el tratamiento del texto -con media sanción de la Cámara de Diputados- tras el reclamo del Colegio de la Abogacía.
El texto reforma la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores y, entre otras cuestiones, actualiza la unidad arancelaria "jurista#, la base de cálculo para el pago de los honorarios. La iniciativa volverá a la Comisión de Legislación General.
"El dictamen se aparta del proyecto que tiene media sanción y que fuera aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, luego de un arduo, serio y comprometido trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja junto al Colegio de la Abogacía", explicaron desde la entidad.
De este modo, el Colegio sostuvo que “la baja del valor jurista decidido por los miembros de la comisión de manera intempestiva, arbitraria e inconsulta, fue resuelta bajo la falsa premisa de `cuidar` las arcas públicas”.
En la Comisión de Legislación General del Senado "tras 6 meses de demora, modifica lo acordado y baja los honorarios de los profesionales del derecho, incluso por debajo de los mínimos actuales en varios procesos, dictando una norma regresiva" y que "esta afrenta hacia la abogacía no será permitida ni avalada por el Colegio y toda la abogacía entrerriana".
De este modo, el Colegio sostuvo que “la baja del valor jurista decidido por los miembros de la comisión de manera intempestiva, arbitraria e inconsulta, fue resuelta bajo la falsa premisa de `cuidar` las arcas públicas”.
“En cuanto a la preocupación de la Comisión de Legislación del Senado por `cuidar` las arcas públicas, claramente no se evidenció cuando el mismo día que decidieron bajar los honorarios de los abogados y las abogadas de toda la provincia, dejando a la abogacía entrerriana con los ingresos más bajos del país, y ante la solicitud del Ejecutivo y el Poder Judicial dieron su aprobación a la designación de numerosos cargos para el Poder Judicial (…), sin atender seriamente sobre la necesidad de los entrerriano de que los mismos sean creado. Vale aclarar que tanto el salario de los funcionarios que cubrirán esos cargos, como el resto de los gastos que conlleva su creación, será afrontado con el esfuerzo de los contribuyentes de nuestra provincia con el aval de los senadores que integran la Comisión de Legislación”, criticaron.