A través de los medios de comunicación, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó la decisión de disponer órdenes de detención contra jueces y fiscales argentinos.
Se trata de los magistrados federales de Lomas de Zamora, Federico Villena, los integrantes de la Cámara Federal de La Plata Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, los integrantes de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, y los fiscales federales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona y Diego Iglesias. Los acusan de presunto robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, entre otros delitos.
El fiscal general venezolano afirmó que los funcionarios argentinos son “personas que han actuado usurpando funciones y abusando de su poder”, en el marco de la causa por el avión venezolano-iraní que fue entregado recientemente a Estados Unidos.
La noticia repercutió en todo el mundo judicial. La Lista Bordó, que preside Andrés Basso en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), expresó su preocupación. Además, Basso recibió personalmente a sus colegas Llorens, Bertuzzi, Iturbe e Incardona para evaluar las medidas a seguir. También estuvieron presentes en la reunión la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López, el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Dr. Franco Picardi y el prosecretario general de la institución y presidente de la FLAM, Marcelo Gallo Tagle. Este último requirió por nota al fiscal general venezolano información detallada, para conocer la causa en la que se estarían investigando los sucesos que dieron origen a las medidas cuestionadas.
Ya se evalúa -con la asistencia técnica de expertos- la procedencia de un pedido a la Corte IDH para el dictado de una medida precautoria que haga cesar la “situación de zozobra y gravedad institucional de orden internacional que se ha generado”, como así también una posible intervención de la Relatora Especial para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
En este sentido, la AMFJN solicitó al Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (IBA – UIM) una declaración acerca de la gravedad institucional que este tipo de medidas representa. Junto a esta medida, la FLAM presentará el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el 13 de noviembre próximo, en oportunidad de celebrarse las audiencias previstas anualmente para considerar los casos que habrán de ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y requerir las medidas pertinentes para hacer cesar esta afectación del ejercicio Humanos, y requerir las medidas pertinentes para hacer cesar esta afectación del ejercicio de la jurisdicción internacional.
Ya se evalúa -con la asistencia técnica de expertos- la procedencia de un pedido a la Corte IDH para el dictado de una medida precautoria que haga cesar la “situación de zozobra y gravedad institucional de orden internacional que se ha generado”, como así también una posible intervención de la Relatora Especial para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.