El senador salteño Juan Carlos Romero inició a una acción de habeas data contra el buscador Google para que se suprima de sus archivos, registros, bases o bancos de datos, los datos personales relacionados con él.
Relató que, si se realizaba una búsqueda online con su nombre y apellido, el buscador permitía acceder a “información falsa que le ocasiona un gravísimo daño personal”, ya que se enlazaba al sitio web Wikipedia donde se lo vinculaba a actividades delictivas de gravedad de las que alegó no tener relación, siendo informacióncompletamente alejada de la realidad.
También reclamó que la propia demandada creaba lo que se conoce como “Panel de conocimiento” en el cual se brinda información relevante a la búsqueda de una persona y desde el cual también se podía acceder al sitio antes referido.
En concreto, se incluía supuestas denuncias por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y hasta supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que eran “graves falsedades” y “un verdadero disparate”.
Para peor, acusó al sistema de ofrecer búsquedas sugeridas a través de “Google instant” o “Google sugerencias” en las que se incluía su nombre seguido de la expresión “delincuente” o “corrupción” todo lo cual lo perjudicaba en forma manifiesta.
Al enterarse de esta situación, remitió carta documento al buscador intimando a que tome las medidas técnicas necesarias para “hacer cesar el grave daño ocasionado”, aunque según expuso, no fue contestada.
“Cuando el contenido no es “manifiestamente ilícito” los jueces no están habilitados a desindexarlo sin antes haberse expedido positivamente sobre su ilicitud”, además de tomarse en cuenta el carácter público de la persona involucrada en la noticia y el interés público del tema divulgado
El caso se caratuló “Romero Juan Carlos c/ Google INC s/ Habeas Data” y quedó radicado ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4, donde la demandada solicitó el rechazo con costas.
El juez José Luis Cassinerio, consideró que “la pugna entre el derecho al honor y a la intimidad, por un lado, y la libertad de expresión, por el otro, debe resolverse teniendo en cuenta la ya apuntada importancia que tiene esta última dentro del régimen republicano y democrático de gobierno”.
Así, “cuando el contenido no es “manifiestamente ilícito” los jueces no están habilitados a desindexarlo sin antes haberse expedido positivamente sobre su ilicitud”, además de tomarse en cuenta el carácter público de la persona involucrada en la noticia y el interés público del tema divulgado.
Desde el tribunal se verificó que, efectivamente, en la búsqueda se podía acceder al sitio de Wikipedia donde entre otro contenido relevante del actor, aparecía una sección de “controversias” que hacía referencia a varias denuncias, declaraciones públicas y hasta un conflicto jurídico con un diario salteño por “calumnias e injurias”.
Sin embargo, cada hecho agregado incluía un enlace de su fuente donde se explicaba la nulidad de las causas y la orden judicial de retractación de lo publicado. Sumado a ello, en la actualidad no se verificaba que de las sugerencias de búsqueda se lo vincule con hechos delictivos.
Por lo tanto, concluyó que no se daban los requisitos para el bloqueo o desindexación de páginas web, y procedió al rechazo de la acción, con costas en el orden causado.