El fiscal acompañó el miércoles por la mañana durante tres al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, a una visita de rutina al penal para constatar las condiciones de detención de cuatro represores procesados por la Masacre de Trelew, que están a cargo del magistrado que instruye la causa.
“Se los vio bien, no tenemos quejas ni de ellos ni de sus defensores”, explicó Gelves, a pesar que no tuvieron contacto con los detenidos, ni con los que están a su cargo ni con otros.
Sin embargo, los marinos Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Horacio Mayorga presentaron recursos pidiendo el arresto domiciliario. “Cualquier se quejaría si está privado de su libertad, pero lo que vimos nosotros está bastante bien: el lugar, la atención, Por supuesto que ellos van a querer otra cosa. Además, si buscan un arresto domiciliario van a decir que no tienen las mejores condiciones”, analizó Gelves.
Los magistrados visitaron la enfermería, constataron que trabajan 50 médicos de distintas especialidades, además de enfermeros en cada uno de los pabellones 5 y 6 del módulo IV de lesa humanidad donde están detenidos cerca de 80 represores que actuaron en la última dictadura militar.
“El Médico Jefe llevan los legajos y la historia clínica paso a paso”, sostuvo Gelves.
Gelves y Sastre estuvieron del lunes al miércoles en la ciudad de Buenos Aires para tomarle declaración indagatoria a dos marinos y dos ex funcionarios del gobierno militar de Agustín Lanusse por la Masacre de Trelew en la cual en 1972 19 integrantes de organizaciones políticas peronistas y de izquierda fueron asesinados por marinos. La versión de la fuerza indica que todo se produjo durante enfrentamiento cuando los detenidos intentaron fugarse pero la investigación judicial se encamina en la línea de que fueron acribillados en represaría a una evasión frustrada anterior.
Gelves es el segundo fiscal que destaca que las condiciones de detención de los represores son aceptables El 11 de enero la fiscal de instrucción porteña Cristina Caamaño hizo una relevemamiento a pedido del Servicio Penitenciario Federal a raíz de las denuncias de los abogados de los detenidos.
“No he encontrado diferencias entre los detenidos llamados comunes y los imputados por delito de genocidio”, concluyó el informe Caamaño. En su trabajo, la fiscal destacó que uno de los reclamos de los represores (habló con Luis Patti, Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, entre otros) era de la mala atención médica, lo que desmintió Gelves.