El juez Gallardo había sido recusado en al menos 700 causas, y luego que el Gobierno porteño lo denunciara en una causa por daños y perjuicios en una causa en la que el magistrado había trabado un embargo de 14 millones de pesos de las cuentas del Instituto de la Vivienda (IVC).
“Según cifras suministradas por la Secretaría General de esta Cámara, en el 99,54 por ciento de los juicios iniciados ante el juzgado Nº 2, cuyo titular ha sido recusado, el recusante resulta ser actor o demandado. Por lo tanto, de prosperar múltiples recusaciones que el GCBA pudiera articular contra el Dr. Gallardo, la consecuencia sería privar a dicho juez de una porción más que sustancial de la jurisdicción que le ha sido conferida”, remarcaron los camaristas en el fallo.
Por esa razón, indicaron que de “hacer lugar a la recusación planteada redundaría en desmedro de la regla del juez natural, y afectaría la debida administración de justicia y la independencia judicial, en contra del propósito que preside el instituto cuya aplicación se requiere”.
El juez Centanaro, con voto propio, tuvo en cuenta que la demanda contra el juez Gallardo data de agosto de 2007 mientras que la recusación fue presentada el 3 de septiembre de este año, lo que presenta un cuadro por el cual cualquiera podría “crear una causal de recusación mediante el siempre arbitrio de entablar demanda contra” el magistrado.
El enfrentamiento de los últimos días entre el Gobierno porteño y el juez Gallardo, se inició luego que el primero de ellos denunciara ante la Legislatura local que la administración que conduce Mauricio Macri realizó un “vaciamiento” de su juzgado al recusarlo en todas las causas que tramitan en su juzgado.
Durante esta semana, el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, explicó en la Legislatura los fundamentos de la recusación, y aseguró: "la decisión la tomé yo. Nadie me lo pidió ni obligó. La demanda que iniciamos es seria y fundada y constituye un ejercicio del deber de la Procuración".