En un reportaje concedido a Diario Judicial, la legisladora explicó los alcances del proyecto de Ley del Arrepentido que el Ejecutivo envió esta semana al Congreso para su tratamiento en extraordinarias, y que contempla esa figura para los casos en que se investiguen hechos relacionados con el terrorismo étnico, religioso o político.
La nueva norma pretende zanjar la diferencia entre los partidos mayoritarios, que frenaron iniciativas anteriores, mientras que es reclamada como una vía posible para avanzar en el esclarecimiento de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Garré admitió que existe, en ese sentido, “una gran expectativa en la Comunidad Judía” y a la vez que señaló que la propuesta del gobierno contempla la figura del arrepentido para los casos de terrorismo y que a su entender “no abría que llegar a la eximición de la pena”.
“Me duele tener que eximir la pena o disminuirla a alguien que tuvo que ver con la muerte de 80 personas y me da más rabia hacer estas excepciones que con aquellas personas que hayan tenido que ver con actos de corrupción”, advirtió.
En otro orden de ideas, estimó que la creación de un fuero Penal Tributario es beneficiosa porque “están colapsados los juzgados correccionales” y “evidentemente la lentitud contribuye a facilitar la evasión y la evasión contribuye a hacer impuestazos”.
DJU: ¿Usted apoya el proyecto de ley del Arrepentido?
NG: Hay una media sanción de la Cámara de Diputados que es más vieja y tenía algunas características distintas a la que viene del Ejecutivo. Estaba basado en un agregado al artículo 41 de la parte general del Código Penal. Y esta propuesta era para todos los delitos.
DJU: ¿En qué consiste este proyecto?
NG: La idea era la de evitar el daño, de reparar a la víctima, que fue el resultado de una consulta que hicimos a varios juristas, distintos sectores y distintas voces jurídicas vinculadas a diversos partidos políticos, como el doctor Eugenio Zaffaroni, Gil Lavedra, D ´Alessio, Pedro David, León Arslanián. Ninguno fue demasiado entusiasta, pero todos ellos lo analizaron mucho porque es una institución difícil en nuestro sistema. En nuestro sistema no existe un Ministerio Público, ni fiscales, como los hay en Estados Unidos, que son los que producen la prueba, negocian y después el juez, que se ha mantenido muy alejado de eso, en una actitud de absoluta objetividad, imparcialidad, dicta la sentencia. El que negoció con el imputado, acusado o procesado es el fiscal. Aquí como el Ministerio Público no tiene esas atribuciones, tendría que hacer eso el juez, lo cual le quitaría la necesaria objetividad-imparcialidad en el momento de dictar sentencia.
DJU: ¿Cuál es la modificación que viene del Poder Ejecutivo?
NG: La contribución nuestra fue para esclarecer el atentado a la Amia. Ese fue el ámbito desde donde se los llamó a estos juristas para que colaboraran en la redacción de una norma, que sin presionar nuestro sistema jurídico, pudiera eventualmente facilitar alguna entrega de información por personas que tuvieran algún dato sobre los hechos de la AMIA.
El juez en el momento de dictar sentencia, podría considerar un atenuante el hecho de que algunos de los procesados en la causa colaboraran para evitar un daño, disminuirlo o reparar a la víctima. El esclarecimiento del hecho es una forma de reparación y las personas que pudieron haber hecho eso de alguna manera tuvieron un atenuante.
Estos son, entre otros, criterios que fija el artículo 41, como para que el juez los tenga en cuenta antes de dictar la sentencia y es ahora para todos los delitos. La idea es que al que entrega información en un hecho de la gravedad de AMIA, en el que murieron muchas personas y hubo decenas de heridos, personas que quedaron vivas con otro tipo de secuelas, se le reduzca la pena.
Parecería también lógico aplicarlo al que participa en una banda que roba pasacasettes y aporta alguna información que permitiera descubrir a la banda, son delitos menos graves pero tendrían el mismo derecho.
Esta es la concepción de este proyecto y hubo algún tipo de acuerdo con la gente del Partido Justicialista. Incluso ellos quisieron introducir algunas modificaciones en el recinto, porque nosotros planteábamos nada más que la disminución de la pena, y ellos llegaron hasta la eximición. Incluían en el texto los casos en que el daño se hubiese producido por cuestiones étnicas o religiosas o por la profesión de la víctima, para poder incluir el caso Cabezas. Esto incluido en el recinto motivó a una votación separada. Fue al Senado y allí no hubo acuerdo para llevar adelante ese texto ni ningún otro.
Lo que viene del Ejecutivo está vinculado sobre todo a hechos de terrorismo. El doctor De la Rúa, lo manifestó en una reunión que tuvimos los diputados con él en la Casa de Gobierno, que era una cuestión ajena a nuestro sistema jurídico, algo difícil de incorporar a nuestra institución y entendía que la excepcionalidad en hechos de terrorismo, hechos graves provocados por el terrorismo, justificaban una excepción. Justamente era un recurso excepcional en nuestro sistema. El proyecto que llega habla de terrorismo y establece hasta eximición de prisión.
Dju: ¿Usted está de acuerdo con la eximición de la pena?
NG: Personalmente pienso que no habría que llegar hasta la eximición de la pena de ninguna manera. No lo agrega el artículo 41, sería una ley especial, pero de alguna manera en eso participa el criterio del juez en el momento de dictar sentencia.
En el caso de la información que hubiera entregado el imputado en circunstancias muy importantes se establece una limitación, que la información siempre debe ser para descubrir la cadena de mayor responsabilidad de la persona que confiesa. La información siempre debe ser para descubrir la cadena de mayor responsabilidad de la persona que habla. En algunos países, donde existe esta institución, los jefes de las mafias denunciaron a sus chóferes –los que le llevaban la droga- a los organizadores del negocio y disminuía su pena el jefe del narcotráfico en la zona, denunciando a los choferes. Esto pasó en Italia y fue mal usado el recurso con ese fin.
Dju: ¿Por qué no contempla este proyecto disminuir la pena en casos de corrupción, siendo éste uno de los principios de campaña de la Alianza?
NG: Bueno, esto es lo que viene del Ejecutivo, no se sabe lo que la Cámara va a votar. Todavía el bloque no lo ha discutido.
Dju: ¿Se puede llegar a establecer una nueva modificación?
NG: Se podría llegar a revisar en la Comisión. No se inició un tratamiento, el bloque no tiene posición. Es un tema que evidentemente en algunos casos puede ser eficaz, la posición del doctor Fernando de la Rúa, es que es extraño en nuestro sistema y difícil de introducirlo en nuestro sistema. Acá no hay un Ministerio Público como el que vemos en las películas norteamericanas. Entiendo como es en el sistema italiano aunque no lo conozco en detalle. Creo que la gravedad en los casos de terrorismo da para avanzar en la investigación, el hecho de que esté tan trabado, lo de la Embajada de Israel, directamente la investigación no arrojó ningún resultado. Justamente este proyecto, alimenta la expectativa en la comunidad judía de que se pueda avanzar mucho más en la causa. Han pedido desesperadamente algún recurso legal para poder avanzar en la causa, y la gravedad de lo que allí sucedió, un atentado de esa magnitud, el más terrible que ha tenido la Argentina contemporánea, obliga a forzar un poco la letra.
Dju: ¿Cuál es la postura de la oposición?
NG: El partido justicialista tiene una posición favorable a esta institución del arrepentido sin perjuicio de discutir los detalles. En general en la Alianza no hay una posición favorable a la institución, pero somos concientes que los hechos tan graves que siguen sin esclarecerse quizá nos exijan alguna excepción en este criterio general. Me duele tener que eximir la pena o disminuir la pena a alguien que tuvo que ver con la muerte de 80 personas, hablando moral y éticamente, aunque sepa que tuvo que ver para los sectores afectados esclarecer este hecho. Me da más rabia hacer esta excepción que hacerla con personas que hayan cometido hechos de corrupción aunque esto tenga un valor de tipo económico solamente.
Dju: ¿Cuál es su opinión acerca de la creación del Fuero Penal Tributario?
NG: Creo que es importante. Sacamos un despacho favorable en la Comisión de Justicia. Es una necesidad, primero porque los juzgados están colmados, con una situación de saturación, de colapso en la justicia, sobre todo en juzgados de la Capital Federal, con el traspaso de la justicia que es un tema pendiente. Están colapsados los juzgados correccionales, evidentemente la lentitud contribuye a facilitar la evasión. Y la evasión contribuye a hacer impuestazos o aumentos de la presión impositiva, sobre los sectores que cumplen mientras para los sectores que no cumplen no se hace nada. De manera que generar un fuero, más especializado en estos temas y menos recargado confío en que va a contribuir eficazmente a lograr resultados más rápidos en los temas de evasión.
Me parece que descargar al fuero Penal Económico de esto, en la parte penal puede ser importante y desde ya descargar al fuero Contencioso Administrativo. Hubo acuerdo total en todos los sectores en ese sentido.
Dju: ¿Se prevé alguna modificación al sistema de designación de estos jueces?
NG: El Consejo de la Magistratura va a elegir a los jueces por el mecanismo que está previsto. Lo único que aprobamos es una cláusula por la que se le impone un plazo al Consejo de la Magistratura determinado por la urgencia. Es una norma poco indicativa porque es un organismo que establece un plazo para llamar a concurso. Estamos en un momento de colapso de la justicia donde hay en este momento 70 vacantes, pero sobre fin de año se acogieron al beneficio jubilatorio varios jueces y en estos juzgados por ser nuevos no habría juez. El proceso puede ser lento en el Consejo de la Magistratura, se estiman 120 días según una cláusula impuesta. Puede ponerse a una persona especializada, un secretario, hasta que el Consejo termine la elección.
Dju: ¿La tarea de los jueces en lo penal económico se va a aliviar de esta manera?
NG: Si, porque se le saca parte de esta tarea, la parte penal tributaria.
Dju: ¿Van a pasar los jueces de penal económico a este fuero?
NG: No, se seleccionan nuevos jueces por el procedimiento legal del Consejo de la Magistratura. Salvo que se demoraran mucho, se va a poner al secretario a cargo del juzgado, uno, dos o tres meses para que empiece a funcionar. La única competencia que se le saca son estos delitos que están previstos en la Ley Penal Tributaria.