Secretarios de la Corte se hicieron presentes en el juzgado de Silva Garretón para reclamar los expedientes, pero el magistrado les pidió que volvieran más tarde ya que estaba resolviendo el caso de una mujer que había pedido un amparo para retirar sus ahorros, destinados a los tratamientos de diálisis de sus tres hijos menores.
La decisión de la Corte es similar a la del pasado 28 de diciembre, cuando por el mismo mecanismo dejó sin efecto una medida cautelar, dispuesta por Silva Garretón, que había permitido a otro magistrado, e integrante del Consejo de la Magistratura, Claudio Kiper, retirar 200 mil dólares de la misma entidad bancaria.
Sin embargo, el tribunal –que hoy reunió a siete de sus miembros para recibir al nuevo ministro de Justicia Enrique Vanossi— no convocó a un acuerdo extraordinario, razón por la cual no pudo abocarse al tratamiento de los nuevos casos, que deberían correr el mismo destino: la ratificación del “corralito”.
Según confiaron fuentes judiciales, de los 38 casos treinta ya habían sido concedidos por el magistrado (se desconoce si alguno llegó a cobrarse) en tanto que los ocho restantes habían sido notificados oralmente.
Según los mismos voceros se trata de plazos fijos, cajas de ahorro y depósitos judiciales, todos ellos en el Banco Ciudad, que oscilarían entre los 30 mil y 150 mil pesos.
La decidida actitud de Silva Garretón, contraria a la medida dispuesta por el ex ministro de economía Domingo Cavallo, de la que el nuevo gobierno no ha encontrado aún manera de salir, intensificó hoy la presencia de ahorristas en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y en el despacho del magistrado en el Palacio de Justicia.
La decisión del 28 de diciembre acrecentó el malestar de los ciudadanos de la capital contra la Corte Suprema de Justicia, además de un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados.
Hoy se concentró alrededor de un centenar de personas frente al Palacio de Justicia golpeteando cacerolas, frente a un estricto dispositivo de seguridad reclamando la renuncia de los ministros, como una manera de garantizar “la seguridad jurídica”, según señalaron a distintos medios.