"La pesquisa no se encuentra agotada y la decisión de haber resuelto la desvinculación de los nombrados en forma definitiva fue palmariamente apresurada", estimaron los jueces quienes además criticaron los "pobres fundamentos, el desorden estructural y las interpretaciones tergiversadas contrarias al sentido común" de la resolución de Speroni.
Los magistrados dedicaron gran parte de la resolución, de casi 60 carillas, a ordenar diversas medias de pruebas para que juez Speroni profundice la investigación de la denominada "ruta del dinero" y determine el destino de un supuesto faltante de 44 millones de dólares que surge de la diferencia entre los facturado por la venta de armas y lo cobrado.
Para los jueces, el dinero de la exportación provino de la ex Yugoslavia que lo transfirió a las cuentas de Fabricaciones Militares, pero resaltaron que "se desconoce el destino final de otras partes de aquel dinero así como quienes habrían sido los destinatarios y beneficiarios del mismo".
En este sentido ordenaron al juez Speroni una extensa lista de medidas de prueba relacionadas con pedidos de informes al exterior para recabar datos de las empresas fantasmas Hayton Trade y Debrol -manejadas por el el traficante de armas Diego Palleros- y la realización de una pericia para "ratificar o descartar" la existencia de exportaciones de armas no autorizadas.
Así los camaristas detectaron un dato novedoso, ya que la cantidad de contenedores en los cuales habría sido posible alojar la totalidad de la mercadería autorizada por los tres decretos sería de 170 aunque en la causa surge que en realidad se habrían usado 250.
"Es posible concluir que la mercadería que habría estado acondicionada en alrededor de 80 contenedores no había sido autorizada por los decretos y de esta forma la venta de aquellos bienes no habría sido contabilizada oficialmente por el organismo estatal encargado de la exportación", deslizaron los jueces.
En esta causa se investiga el contrabando de armas por vía marítima con destino declarado a Panamá en base a los decretos 1697/91 y 2283/91 que luego fue desviado a Croacia; y el contrabando aéreo con destino declarado a Venezuela amparado en el derecho 103/95 que fue desviado a Ecuador y Croacia.
En ese momento Argentina era garante de tratado de Paz entre Ecuador y Perú, por lo que no podía venderle armas a alguno de esos países, al tiempo que pesaba contra el Estado un embargo internacional del Consejo de Seguridad de la ONU con relación a Croacia.
Para disponer el sobreseimento de Menem, Speroni se había basado en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la liberación del ex presidente a fines de 2001 (tras permanecer seis meses preso) al considerar que no se había probado la existencia de una asociación ilícita.
Los camaristas no estuvieron de acuerdo con esa interpretación y señalaron que la Corte no dijo que la asociación ilícita "era de comisión imposible" sino que no estaba probada en este caso. También criticaron a Speroni por haber hecho propias las manifestaciones de Menem "sin tener en cuenta las responsabilidades propias e indelegables del cargo de máxima trascendencia como el que ocupó". Además afirmaron que debió haber controlado que los decretos estaban bien confeccionados teniendo en cuenta que la venta de armas "a países extranjeros resulta una cuestión de alta y delicada política de Estado".
"No puede prosperar el argumento de la defensa de Menem en cuanto a que no hay acreditada ninguna orden a Cavallo, Guido Di Tella, Antonio Erman González, Oscar Camilion o Martín Balza para el dictado de los decretos ni para actos ilícitos, pues resultaría inusitado y cuasinfantil esperar como elemento de acreditación que una orden de aquella naturaleza haya aparecido documentada de manera alguna", agregaron.
En cuanto al ex ministro Cavallo -quien refrendó los decretos cuestionados- los camaristas Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizatelli manifestaron que "no se puede descartar" su supuesto desconocimiento en los hechos investigados y recordaron que existieron disposiciones administrativas en la Aduana (dependiente de Economía) de oviar la verificación del material contrabandeado previo a su despacho.
Por otra parte, en el mismo día y al vencimiento del plazo legal, el juez Julio Speroni dictó el procesamiento del ex coronel Diego Palleros como presunto autor de "contrabando agravado" y miembro de una "asociación ilícita" por la misma venta ilegal. La medida del magistrado, sin prisión preventiva debido a un fallo de la Cámara Nacional de Casación que le concedió el beneficio de la excención de prisión, incluyó un embargo de 5 millones de pesos sobre los bienes del ex prófugo.