A través de un breve comunicado, el
Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires dio a conocer esta semana su opinión sobre la situación de CASSABA. El organismo
se mostró “alarmado” por un proyecto de ley (ya ingresó a la Legislatura) que propone suspender la vigencia de la Ley 1181, creadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resaltó las bondades de la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Ese proyecto “representa un claro motivo de alarma, pues entre sus fundamentos se sostiene que `la creación de cajas no hace más que desfinanciar al sistema nacional´, advierte la declaración. Además sostiene que: “Precisamente, en nuestro ámbito, y al amparo de lo dispuesto taxativamente en el art. 40, “in fine”, de la Constitución reformada en 1994, la existencia de un ente como la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires significa una palpable demostración de lo que puede lograrse a través del principio de solidaridad, en un régimen que conjuga un amplio espectro de prestaciones y abarca a todos los profesionales que ejercen su actividad en dicho territorio”.
Teniendo en cuenta eso, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
reafirmó “la potestad provincial para legislar” en esa materia, y reiteró “la vigencia de los regímenes previsionales con afiliación obligatoria existentes, como forma implícita de reconocer su absoluta legitimidad, al cabo de más de medio siglo de existencia”.
La declaración titulada
“Un reconocimiento insoslayable” fue firmada el 10 de agosto en la ciudad de Mercedes, donde estuvieron presentes los presidentes de los 18 colegios departamentales, pero recién se dio a conocer este miércoles, días después de conocerse una solicitada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre el mismo tema. No obstante, voceros del Colegio bonaerense negaron que haya alguna vinculación entre ambos declaraciones. “Es pura casualidad”, dijeron.
La
solicitada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que apareció el domingo en dos diarios nacionles, llamaba a la reflexión de los legisladores porteños “para que tengan a bien
unificar y apoyar ambos proyectos de liquidación y derogación” de CASSABA. El comunicado, firmado por su presidente, Jorge G. Rizzo, se refería a las iniciativas de los diputados Jorge Enriquez y Sebastián Gramajo. “Seguir demorando su necesaria derogación es someter a nuestros matriculados, a la postre “trabajadores abogados” a una espada de Damocles pendiente y amenazante”, se afirmaba allí.
dju / dju
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