Esta agenda surge de un proyecto elaborado por organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, de Economía, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), para cumplir con las responsabilidades asumidas con entidades internacionales, como el GAFI o la OEA, a través de las cuales el país se comprometió a crear una coordinadora nacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La intención de la agenda es mejorar el sistema de control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo para lo cual se planteó 20 objetivos. Algunos de ellos tendrán repercusión directa en la Justicia y podrán a sus integrantes a la cabeza de la lucha de esos delitos.
Los dos primeros objetivos de la lista son promover una reforma penal del lavado de dinero y elaborar proyectos para regular el bloqueo de activos destinados a la financiación del terrorismo. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal. El lavado de dinero (artículo 278 1 a) está penado con cárcel de 2 a 10 años además de una multa económica. En el caso de la financiación del terrorismo (artículo 213 quater) prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.
Otro de los objetivos será crear una fiscalía especial dedicada a la investigación de las denuncias por lavado de dinero y financiación de terrorismo. La creación de ese organismo quedó en manos de la Procuración General de la Nación.
También se buscará ampliar las investigaciones a personas “políticamente expuestas en las disposiciones generales y promover su compatibilización y/u homogeneización con las normas emitidas por los diversos organismos de supervisión y control”, ejercer controles sobre las organizaciones sin fines de lucro, para evitar que sean utilizadas para financiar el terrorismo y sobre las empresas que trabajen con tarjetas de teléfonos recargables y el pago de cuentas por internet.
Otros objetivos serán promover la eliminación de la confidencialidad de intercambio de información entre la UIF y organismos internacionales similares y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), obligar a los fondos fiduciarios a que informen operaciones sospechosas, y crear un registro nacional de bienes fideicometidos, muebles e inmuebles que garantice la transparencia de las operaciones.
“Con la firma de este decreto estamos dando un nuevo e importante paso en lo que es la política del Estado Nacional para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, dijo este martes el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, luego de firmar con el presidente Néstor Kichner y los ministros Alberto Fernández, Jorge Taiana y Miguel Peirano el decreto 1225 que creó la Agenda y fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El decreto califica al lavado de dinero y la financiación del terrorismo como riesgos para “la estabilidad de los sistemas democráticos”
La agenda tendrá vigencia hasta el 2009 y estará integrada por representantes de 20 organismos nacionales entre ellos los ministerios de Justicia, Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo, la Procuración General de la Nación, la UIF, el BCRA, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, la Oficina Anticorrupción, y la Inspección Nacional de Justicia.