Las FARC-EP están integradas por aproximadamente 17.500 combatientes, de los cuales, entre el 20 o 30 por ciento, son menores de 18 años, muchos de ellos reclutados forzosamente.
La guerrilla colombiana tiene antecedentes históricos en la violencia partidista de la décadas del 40 y 50. Específicamente con el asesinato en 1948, del líder progresista José Eliécer Gaitán. .
A través de todos estos años, se alternaron etapas de guerra declarada contra los gobiernos de turnoy tentativas de paz. En 1984 la guerrilla formó la Unión Patriótica (UP) para intentar alcanzar un “Acuerdos de Cese del Fuego, Tregua y Paz”, con el gobierno de Belisario Betancourt. El intento de acercamiento perdió su eficacia cuando fuerzas gubernamentales, autodenominadas “juntas de autodefensa”, asesinaron a aproximadamente 4.000 de esos militantes.
En septiembre de 1987 todos los grupos guerrilleros operativos, buscaron coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Pero en 1990, el ejército atacó la Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP. Sostuvieron en su momento, que la guerrilla no respetaba los acuerdos pactados.
El movimiento FARC-EP ha continuado en este nuevo siglo con su persistente lucha, a través de secuestros de personajes importantes de la política y de la empresa reclamando fuertes resarcimientos, además de atentados donde murieron una gran cantidad de personas.
Recientemente, la ex rehén Consuelo González, fue liberada tras haber estado secuestrada durante casi seis años por este movimiento. Regresó a Bogotá con pruebas de vida de ocho personas que todavía continúan en cautiverio en zonas de la selva colombiana. En la misma oportunidad, recuperó su libertad Clara Rojas, la ex candidata a vicepresidente de se país, compañera de fórmula de la candidata a presidente y una de las rehenes más conocidas, Ingrid Betancourt.
Uno de las víctimas que continúa en poder de las FARC es el ex congresista Luis Eladio Pérez, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 10 de junio de 2001 en una zona rural de su región natal, el departamento de Nariño, situado en el extremo suroeste colombiano.
La familia de Pérez, había interpuesto un recurso de amparo ante el juzgado tercero penal de Bogotá, a cargo del juez Luz Marina Peña. El recurso argumentaba que, si bien la guerrilla es culpable del secuestro, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y honra de todos los ciudadanos.
A su vez, requería al gobierno el retiro de las tropas de dos distritos para negociar un canje de secuestrados. Esta petición, respondía a la solicitud de las FARC de que se libere las localidades de Florida y Pradera, para que se pueda efectuar el intercambio de más de 40 rehenes por 500 de sus prisioneros.
Ante este planteo, el magistrado no hizo lugar a la pretensión de la familia. Manifestó en la resolución, que "no es posible dar solución a un conflicto nacional de tan amplias proporciones a través de una acción de tutela”.
La demanda argumentaba que a al ex senador "se le estaba vulnerando el derecho fundamental a la vida", lo cual fue aceptado por el juzgado que, sin embargo, denegó la petición porque "también se deben proteger los derechos fundamentales de los habitantes de Florida y Pradera".
Agregó, que “no es posible reemplazar un proceso de reconciliación nacional con una orden judicial".
El gobierno por su parte, manifestó su intención de discutir el canje, pero se mostró inflexible al retiro de los militares de las zonas reclamadas y a que a los miembros de la guerrilla que excarcele, regresen a la lucha armada.
Hace un año aproximadamente, habían circulado versiones que indicaban la posible liberación de Luis Eladio Pérez debido a problemas de salud. Otras fuentes, afirmaron que se había escapado en medio de choques entre guerrilleros de las FARC y el ELN en Samaniego. Finalmente, solo habían sido rumores y no una información cierta.