En el encuentro se aprobaron treinta medidas, entre las que figuran varias contra la inmigración irregular, que será tipificada como delito, estableciendo una pena de hasta cuatro años de prisión para los extranjeros que entren ilegalmente al país europeo. La mayoría de ellas se centran en diversos temas controvertidos, que según sus impulsores buscan generar una mayor “seguridad” a la población italiana.
Por medio de un decreto, dos proyectos de ley que deberán ser aprobados en el Parlamento (en el que cuenta con una mayoría absoluta) y tres decretos legislativos que, según los funcionarios se espera que entren en vigencia en julio, se endureció en forma decisiva la política inmigratoria italiana. Además se estipularon varias propuestas destinadas a la lucha contra el crimen organizado, como la agilización del proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y “ponerlos a disposición de la comunidad”.
Por otra parte, se aumentaron en un tercio las penas para aquellos casos en los que el inmigrante clandestino cometa otros delitos y se estipularon medidas de aceleración de los procesos judiciales y los tiempos de exclusión. En tal sentido, se facilitará la expulsión de los extranjeros condenados a más de dos años de prisión y se extenderá de 60 días a 18 meses el tiempo en el que un indocumentado puede estar residiendo en los centros de detención de los extranjeros indeseables.
Las nuevas normas que buscan la seguridad nacional, contemplan además otras medidas contra la delincuencia común, como la implementación de agravantes para los delitos perpetrados contra personas ancianas o minusválidas, así como para aquellas personas que conduzcan alcoholizadas.
También se castiga duramente a los italianos que cooperen con los inmigrantes ilegales, ya que se confiscarán las viviendas de quienes las hayan alquilado a los mismos sin que éstos cuenten con los documentos en regla. A su vez, para evitar los "matrimonios de conveniencia", los dos futuros cónyuges deberán antes convivir por dos años.
Entre otra cuestionable decisión, figura la exigencia de una “una mayor verificación de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano”. Según funcionarios de ese país, entre ellos se requiere que “los ciudadanos tengan unos ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social”.
Por otro lado se determinó la supresión del impuesto de bienes inmuebles para la primera casa y una reducción fiscal sobre las horas extraordinarias y las primas ligadas a la productividad.
Es importante destacar, que la inmigración clandestina como delito figuraba en otra ley que fue promulgada durante el anterior Gobierno y declarada parcialmente inconstitucional en el 2004. Algunos consideran que estas disposiciones fomentan el racismo y la discriminación, que ya trajo consecuencias nefastas en el mundo moderno, teniendo como uno de sus protagonistas a Adolf Hitler.
Nuevos caudillos con nuevas propuestas que generan fuertes críticas en contraposición al apoyo de parte de la población, dando lugar a que diversos miembros de la Unión Europea, sectores de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos, se opongan a estas implementaciones.
Sin embargo, otros países como Francia, decidieron adoptar lineamientos similares, en donde en los cinco últimos años fueron expulsados 110 mil extranjeros indocumentados y en el 2007 casi 1700 empresarios que emplearon a inmigrantes ilegales, fueron detenidos.