El Máximo Tribunal bonaerense sostuvo que “no puede recurrirse al estrépito mediático” y eludir los procesos de juicio político previstos para los casos de mal desempeño “sin afectar la independencia del Poder Judicial”.
“Que somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, agregó la Suprema Corte.
Junto con la procuradora General, María del Carmen Falbo, el Máximo Tribunal se pronunció ante “las manifestaciones públicas que, desde diferentes ámbitos vinculan los factores de la inseguridad ciudadana al desempeño del Poder Judicial de la Provincia”. Los magistrados sostuvieron que los jueces “ajustan su desempeño a un sistema jurídico” que no fue aprobado por la Justicia pero al que “debe sujetar necesariamente su labor en un estado de derecho”.
La Suprema Corte sostuvo que el Poder Judicial “tampoco ha generado condiciones sociales de marginación, aún cuando no sean ellas el factor exclusivo de esta problemática (la inseguridad). Las mismas corresponde que sean prevenidas por la actividad ejecutiva y educadora, a la vez que promotora de los gobernantes”.
Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal habló de una realidad “verdaderamente preocupante” por la “la intromisión de los poderes públicos en el terreno de la función de administrar justicia” que se “exhibe con descaro y sin tapujos”. “Para ello, son patéticas las pretendidas justificaciones que se ensayan desde que todas exhiben el autoritarismo y la falta de observancia de los límites que impone la propia Constitución Nacional”, sostuvo.
La entidad ubicó a los jueces como “la reserva última con que cuentan los miembros de la sociedad”. “Si ellos no estuvieran y si no respondieran a su triple exigencia de ser competentes, imparciales e independientes del poder político de turno, en lugar de convivencia en paz tendríamos la ley de la selva con su violencia y su justicia por mano propia como forma desviada de resolver los conflictos entre los habitantes”, analizó.
La Asociación analizó que “el poder político tanto a nivel nacional como en muchas provincias avanza sobre las esferas de competencia de la función jurisdiccional cuando sus decisiones no le complacen o no convienen a sus apetencias”.
Respecto a la inseguridad, la entidad sostuvo que se debe respetar “la libertad, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio” entre otras garantías a todas las personas “poco importa si se trata del imputado de los peores delitos de lesa humanidad o de un simple sospechoso por delito común”.