“Bajo las actuales circunstancias, las insistentes presiones y amenazas dirigidas a los jueces penales del Poder Judicial de un estado de derecho, a la par que nada resuelven respecto del acuciante problema de la inseguridad, constituyen una grave afrenta, un verdadero asedio, al sistema republicano, que sentimos el deber moral de hacer conocer a todas las personas de buena voluntad”, sostiene el documento firmado por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
La referencia es a las críticas que en los últimos días desde el poder político, el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, y su par bonaerense, Ricardo Casal, entre otros, les hicieron a jueces por decidir excarcelaciones o morigerar penas a personas que volvieron a cometer delitos, lo que acrecentó el debate por la inseguridad y el rol de la Justicia en este tema.
Dos de los jueces más criticados suscribieron el documento de la Red. Se trata de Nicolás Schiavo, juez de Garantías de San Martín, y Rafael Sal Lari, de San Isidro. Ambos fueron denunciados por mal desempeño de sus funciones y se solicitó que sean sometidos a un juicio político.
“La oculta o explícita presión mediática y las demandas sociales que subyacen a ella, no deben permear en el recrudecimiento de restricciones a derechos fundamentales –política que ha caracterizado a la historia reciente de la Provincia de Buenos Aires en materia de legislación procesal y de ejecución penal–, sino en la búsqueda de soluciones de fondo para las personas que buscan justicia”. Eso decía la Red de Jueces en septiembre pasado al suscribir un documento junto a otras organizaciones luego del Tercer Foro Multisectorial.
Ahora volvieron a criticar las reformas legales en la provincia de Buenos Aires de 2000 y 2001, cuando Carlos Ruckauf era gobernador, “bajo los auspicios de la doctrina de ´ley y orden´” y “el severo endurecimiento penal que trajo consigo la campaña mediática y social que impulsara Juan Carlos Blumberg, habrían provocado un brusco descenso de los índices delictivos, lo que de ninguna manera ocurrió”.
Por eso los jueces sostuvieron que “el crecimiento de la criminalidad no es, como algunos aseguran, la consecuencia de políticas, leyes y sentencias de ´mano blanda´ que se resuelve, mágicamente, con su reemplazo por políticas, leyes y sentencias de ´mano dura´”.
En ese marco, la Red resaltó que “no es función del Poder Judicial el adoptar políticas vinculadas a la seguridad pública”. Y puso la mira en los Gobiernos: “es una misión institucionalmente reservada a los demás poderes del Estado, en particular al Ejecutivo, quien cuenta para ello con un área específica, el Ministerio de Seguridad provincial, que se encarga de instrumentar las políticas públicas de prevención y persecución del crimen y la criminalidad”.
“Los jueces penales, en cambio, estamos para juzgar los delitos ya cometidos, conforme las pruebas que aportan las partes, procediendo con arreglo a la legislación vigente dictada por el Congreso de la Nación que sancionó el Código Penal, y por la Legislatura Bonaerense que aprobó la ley que rige el modo de realización de los trámites procesales”, sostuvo la Red.
“La solución de fondo al problema que hoy inquieta a la sociedad, acaso deba buscarse a partir de la prevención del delito, adoptando medidas que tiendan a reducir la exclusión y la marginalidad social, a través de políticas activas del Estado en materias tales como educación, salud, trabajo, vivienda, integración familiar, etc., respecto de las cuales los jueces no tenemos ninguna injerencia”, sostuvieron los magistrados.
La Ley
A instancias del Gobierno de Scioli, la Legislatura bonaerense aprobó el año pasado una serie de reformas que buscaban agilizar los procesos penales. Así se llevó el sistema de flagrancia a toda la provincia y se crearon de tribunales unipersonales para juzgar delitos con penas menores a los 15 años de prisión o que involucren a funcionarios públicos. También se limitaron los alcances para dictar prisiones domiciliarias.
“Sigue generando preocupación la reiteración de indescifrables e impracticables modificaciones al sistema penal”, dijeron los jueces de la Red en septiembre pasado cuando se discutía la reforma y advirtieron que “el encierro preventivo que, a no dudarlo, generará en el corto plazo un notable incremento en la tasa de prisionizados sin condena, en las ya superpobladas cárceles bonaerenses”.
En el nuevo documento la Red volvió sobre el estado penitenciario: “El aumento del encierro carcelario por sí solo no resuelve el problema de la inseguridad, pues en la mayoría de esas prisiones bonaerenses no se advierte un tratamiento realmente resocializador…. En los últimos años las personas procesadas que están detenidas se ha incrementado y, sin embargo, el delito sigue creciendo”.
Frecuentemente malicioso
“Uso frecuentemente malicioso”, calificó la Red a los pedidos de juicios políticos contra los jueces: “una incisiva amenaza con objetivos disciplinantes, es decir, de manera tal que nadie se atreva en lo sucesivo a resolver en sentido diverso al deseable desde la cúspide del poder”.
En junio de 2008, cuando se conoció la propuesta para crear tribunales unipersonales, la Red había dicho que “jueces aislados son más débiles, más obedientes, más disciplinables, pero, a su vez, son jueces menos republicanos, al ser menos independientes de grupos de poder formal o informal”. Y en septiembre pasado criticó el hostigamiento “a quienes dictan resoluciones que no satisfacen reclamos fundados en una imprecisa demanda pública, con directa lesión a la independencia judicial”.
El tema volvió a estar presente en los últimos días por lo que los jueces advirtieron un “un generalizado recrudecimiento de las imputaciones de funcionarios políticos nacionales, provinciales y municipales, así como de formadores de opinión (incluyendo a personajes mediáticos y de la farándula), dirigidas en contra de los jueces que -en el Estado de Derecho- tenemos el básico deber de aplicar la ley”.