El magistrado, conocido por haber entablado acciones contra la junta militar argentina, reclamó a su colega Ismael Moreno, que instruye otro proceso por los llamados “vuelos de la CIA” -que incluye también los vuelos que trasladaron a prisioneros talibanes a Guantánamo-, que le remita los antecedentes e indicios que tenga sobre la existencia de torturas.
Según el auto judicial conocido ayer, la investigación se basará en las denuncias de cuatro hombres que estuvieron presos en Guantánamo: el español Hamed Abderramán Ahmed, el marroquí residente en España Lhacen Ikassrien, el palestino Jamiel Abdelatif Al Banna y el libio Omar Deghayes.
La investigación de Garzón podía prosperar porque, desde 2005 la justicia española reconoce la jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas cometidos en todo el mundo.
La pesquisa tiene su origen en una denuncia por torturas de Hamed Abderramán Ahmed, el único español que estuvo preso en la base de Guantánamo, y al que el juez de la Audiencia Nacional –máxima instancia judicial española- procesó por pertenecer a Al Qaeda. El talibán fue juzgado y condenado a seis años de prisión por integración en banda terrorista, aunque luego lo absolviron porque las pruebas obtenidas en Guantánamo eran nulas de pleno derecho.
Garzón indicó, en un sumario de diez páginas, que en los documentos de la era de Bush desclasificados por el gobierno de Barack Obama “se ha revelado ahora lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables”.
Ese plan “configura la posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas” en Guantánamo y otras prisiones como la de Bagram (en Afganistán), “que adquiere casi un nivel oficial”, según Garzón.
Dos semanas atrás, la Casa Blanca dio a conocer cuatro documentos hasta entonces secretos en los que un grupo de abogados del Departamento de Justicia daban el marco legal al programa de interrogatorios a los detenidos en la “guerra contra el terrorismo”, en Guantánamo y otras prisiones. Según los funcionarios, los duros métodos para interrogar a los prisioneros no eran torturas, porque consideraban que no implicaban severo dolor físico o psíquico.
Según el sumario de Garzón, los cuatro ex prisioneros “denunciaron que habían sufrido la práctica de diferentes actos de agresiones físicas o psíquicas sobre sus personas durante el tiempo de sus detenciones en diferentes países, siempre bajo la autoridad de personal del ejército norteamericano, al que fueron entregados tras su detención” en Afganistán, Pakistán y Gambia.