El primer proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en el 2008 cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Tiene por objetivo ratificar el decreto 812/05 firmado por Nestor Kirchner, mediante el cual se acepta la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento de la causa AMIA. Este decreto se fundamenta en el acuerdo al que el Estado Argentino llegó con Memoria Activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como consecuencia de la denuncia que los primeros realizaran, hace ya varios años, de que se habían violado los Derechos Humanos al no realizar debidamente la investigación del atentado.
El texto del proyecto analizado consigna el “derecho a percibir, por única vez, una reparación, a través de sus derechohabientes o por sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA) (…) hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional”.
Aunque se aclara que “al tiempo de obtener la reparación que la misma establece, quienes pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho”. Cuestión que no será tenida en cuenta en la aplicación en los procesos penales. En la Comisión se comenzó con el tratamiento aunque todavía no se elaboró ningún dictamen al respecto.
Por otra parte, una iniciativa de similares características, también fue tratada durante la reunión del mertes. En ella se pretende el resarcimiento para los damnificados por las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero en 1995.
La reunión contó la participación del legislador provincial de la Córdoba, Rodrigo Leandro Serna, y la de Mario Ponce, quienes entregaron un petitorio referido al proyecto en el que solicitan el ingreso de todos los damnificados y que el pago de las indemnizaciones previstas por la iniciativa no se realice con bonos tal y como lo plantea el texto, sino que se haga en pesos.
Al igual que el anterior, quienes accedan a percibir la indemnización deberán “desistir de la acción y del derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales”.
De la reunión, participaron diez de los veintinueve diputados que conforman la comisión que no emitió, por ahora, ningún dictamen.