En medio de la fuerte polémica por la reforma de la Justicia elaborada por el Poder Ejecutivo de la Nación, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, impulsó movilizaciones y medidas de fuerza como paros, que ya se llevaron a cabo en varias ocasiones. En diálogo con Diario Judicial, el jefe del sindicato precisó por qué se oponen al plan de "democratización de la Justicia", el pago del impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial y, en su lugar, enumeró a su juicio otros déficits hoy en el Poder Judicial.
- ¿Cómo piensa que se va a desarrollar el conflicto por el Impuesto a las Ganancias? ¿Piensa que va a haber nuevas instancias en las que se intente avanzar sobre la cuestión?
- Yo creo que sí, si avanza esta reforma tremenda de avasallamiento de la Justicia que se quiere implementar nos vamos a tener que movilizar por esto y también por el ajuste que se viene, en el cual el impuesto al trabajo es una herramienta de ajuste que ya están sufriendo muchos trabajadores en Argentina y que se pretende también instaurar en el Poder Judicial.
-¿Considera que hay alguna categoría del Poder Judicial que debería pagarlo? ¿Algún punto regresivo o progresivo en el asunto o debe ser meramente descartado?
- La Argentina necesita rediscutir el sistema tributario integralmente, nosotros venimos arrastrando un sistema tributario pergeñado durante la última dictadura militar, regresivo, donde “zafan” de pagar los que se llevan la gran parte de la “torta” que genera la Argentina, y cada vez se ha hecho más regresivo, a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias que recae sobre las espaldas de los trabajadores. Es una herramienta de ajuste y de control, un impedimento para los trabajadores de poder llegar a una vida digna y de cumplir los derechos que hacen a la condición humana y que están reglamentados por la propia Constitución nacional en su artículo 14 bis, ¿no?, un salario digno, trabajo digno, una vivienda digna, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la educación, la salud, los derechos fundamentales de cualquier hombre o mujer que viva en esta tierra. Así que nosotros entendemos que realmente el plantear como un tema central que la Justicia pague o no pague el impuesto es un tema secundario porque tratan de desviar la atención y seguir protegiendo a los grandes grupos económicos, al juego, a las mineras, al petróleo, a la especulación financiera, a los dividendos de las acciones, a todas esas actividades que se llevan la plata de los argentinos y que su aporte es absolutamente insignificante de acorde a lo que ganan. Una vez que se haga esa reforma integral que nos merecemos todos, porque si vos analizás la carga tributaria, mientras menos tenés mayor carga soportás, en porcentaje a los ingresos. Esto es regresivo, es naturalizado el Impuesto a las Ganancias que por definición tendría que ser progresivo. Entonces nosotros planteamos que sea una discusión integral, que paguen los que tengan ganancias en serio en Argentina, con actividades industriales o empresariales, agropecuarias o especulativas, y recién cuando llegás a la cuarta categoría que sea como siempre, que solo paguen los altos ingresos. No puede considerarse que 7.000 pesos sea un alto salario, habrá que llevarlo a los 50.000 pesos, y con fórmulas atentas a la inflación que golpea fundamentalmente a los más humildes, con fórmulas de actualización automática. Que vuelvan las cosas a la normalidad, porque en la Argentina eran muy pocos los que pagaban Impuesto a las Ganancias, eran niveles gerenciales. En ese marco, que los jueces paguen o no paguen sería una cuestión secundaria porque sería un esquema equitativo y si los salarios tienen que ser alcanzados por el impuesto no creo que existan problemas. Pero está bueno aclarar que se habla mucho de este tema pero no se habla de la corrupción en la Justicia. Los jueces, fiscales y defensores tienen buenos salarios hoy en día, quizás no los mejores pero nadie puede decir que no son importantes, incluso frente a muchos sectores de la población que no llega a subsistir con lo más elemental. Esos salarios les permiten llevar una buena vida, con bienestar, pero no se hacen millonarios. No hay ningún juez o fiscal que se haga millonario con su salario. Los jueces que son millonarios son jueces que seguramente son corruptos. Y de los jueces corruptos no se habla, ¿por qué no? Porque son funcionales al poder. Al poder político y al poder económico. Todo juez corrupto no tiene las espaldas cubiertas y frente a un caso que interese a estos poderes, la presión frente a la inmoralidad hace que esos jueces fallen como quieren los poderosos. Esa es la verdad que yo creo que hay que encarar y no desviar la atención para tapar hechos de corrupción que se están dando en la vida política de Argentina que cuestan vidas, como se ha demostrado con Cromagnon, con la tragedia de Once o últimamente con estas lluvias fuertes que han generado inundaciones por la imprevisión de los responsables políticos en los últimos 15 o 20 años de la Argentina.
- Dentro de esta discusión por el Impuesto a las Ganancias está el sector de "Justicia Legítima" ¿Cómo es el diálogo con esa nuevo foro?
- En Justicia Legítima hay gente respetable en sus ideas, con la que nosotros hemos compartido durante muchos años la visión de respaldar reformas en la Justicia que la acerquen al pueblo, que permitan que la Justicia cumpla cada vez más su rol de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y sociales de todos los argentinos. Pero también hay jueces corruptos, hay jueces violadores de los derechos humanos de los trabajadores, es como una ensalada donde se mezclan la Biblia y el calefón, eso le quita brillo a ese grupo y me parece que no es la intención de los que lo impulsaron. Pero es un grupo que cada vez está siendo más digitado por el Gobierno nacional como ariete en un avance sobre el Poder Judicial, no para mejorar la Justicia como se dice, sino para avasallar al Poder, para controlarlo y garantizar la impunidad de los corruptos. Por eso estos proyectos de reforma que han ingresado han conmocionado tanto. Podemos distinguirlos en tres grandes bloques de interés: la primera gran mentira es cuando dicen que esto va a beneficiar al pueblo, que esto va a hacer los juicios más rápidos, es decir, hay una insatisfacción del conjunto del pueblo argentino con su Poder Judicial, nosotros lo manifestamos y venimos pidiendo reformas hace rato pero precisamente, ¿por qué? Porque la gente ve que la Justicia tiene dos caras, los jueces miran con una a los ciudadanos y con otra muy cómplice al poderoso, sea este parte de poder político o de los grupos económicos. Esta es la visión popular. Entonces, mejorar la Justicia es que todos seamos iguales en serio ante la ley: los jueces tienen que priorizar al débil, porque si está en igualdad una persona que anda en monopatín y otra que anda en un Mercedes Benz, es evidente que la carrera la va a ganar el del auto. Entonces, el juez debe igualar la condición para que esa igualdad que plantea la ley se ejerza. Entonces hay que proteger más al más desposeído. Esto es lo que consideramos nosotros. Esta reforma hace la del tero, gritan en un lado “democratización de la Justicia”, “Justicia más rápida”, “respuestas al pueblo”, pero la realidad es que todo este paquete de reformas avasalla la independencia del Poder Judicial y perjudica a todos los argentinos porque van a ser mucho más largos los juicios, esto es para el beneficio de los grupos económicos, como el caso de los juicios laborales, y del propio Estado que está estafando a los jubilados con el incumplimiento de la sentencia de la Corte. Y juicios que son lentos por estas causas se van a hacer más lentos porque se incorpora una nueva instancia que son las casaciones, un engendro que no se corresponde con el sistema argentino, entonces cualquier ciudadano para hacer un juicio, y fundamentalmente los trabajadores y los jubilados, ya no va a tener tres instancias sino cuatro, y los juicios se van a alargar para estos casos no menos de cuatro o cinco años más de lo que duran hoy en día. Esto evidentemente favorece, en el caso de los trabajadores, a los grupos económicos, y en el otro al Estado que va a seguir usando los fondos de la Anses sin ningún control e hipotecando fondos que no son suyos y están previstos como el aporte de los trabajadores para garantizar que los jubilados tengan una jubilación digna y no los 1.100 y pico de pesos que cobran hoy, que nadie puede decir que con esa plata se vive dignamente. Entonces, esto demuestra el verdadero sentido que tiene la reforma, que no es hacer una Justicia que defienda los derechos del pueblo, o por lo menos de su mayoría, sino que defiende una concepción del Estado peligrosa, porque hoy es a favor de este Gobierno, mañana a favor del que sea, pero nunca a favor de la gente. Entonces el poder político rompe la división de poderes, desaparecen los mecanismos de contralor y en esa situación reina el autoritarismo, de un signo o de otro signo, pero nunca de patrones que garanticen el equilibrio de poderes, que es el sistema que tenemos nosotros, que es el sistema constitucional, donde a la Corte la propone el Ejecutivo, la aprueba o la juzga y la aprueba el Senado, a los jueces lo mismo y así que el accionar de los jueces está controlado por estos dos organismo y la Justicia controlan a los organismos deliberativos y fundamentalmente controla a la Constitución que es el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Con esta reforma lo que se pretende es que se acabe eso, se va a hacer lo que la mayoría circunstancial quiera, aún perjudicando, como en la época de Menem, a los mismos que los votaron, porque los que están confundidos se creen el spot y obviamente no conocen la realidad y por eso es que esta reforma se hace tan rápido. El mismo gobierno, cuando pensaba distinto, cuando impulsó la Ley de Medios, demostró cómo se debe discutir una ley participativa. Se discutió primero el anteproyecto, después se recibieron los aportes, y hubo tres años en los que los argentinos discutíamos esto de la libertad de expresión, esto del derecho a elegir, esto del derecho de las organizaciones no gubernamentales de tener espacios de difusión, poder saber quién opinar y elegir a quién querés escuchar. Todos esos aciertos fueron gracias a la participación popular. Desgraciadamente hoy no se aplica esa ley, no se han entregado las licencias a las organizaciones sin fines de lucro. Se trabaja con el contenido de la ley de acuerdo a si sos amigo o enemigo, pero esto no es lo que dice la ley. La legislación fue exitosa, a pesar del lobby de los poderes que la han afectado porque hubo una gran participación popular. Nadie puede decir que no conoce lo que dice la ley.
-¿Qué opina de los debates parlamentarios sobre las iniciativas más discutidas?
-Las leyes que van contra el pueblo en general se aprueban entre gallos y medianoche, donde pesa el poder de comunicación que tiene el Estado porque tiene todos los medios, a través de los spots que tiene en todos lados, se presenta una idea falsa de lo que es y se terminan aprobando leyes que van contra el pueblo, como la Ley Antiterrorista, un precedente tremendo en un país que se vio tan afectado por la violación de los derechos humanos, que busca criminalizar la protesta social, también se aprobó entre gallos y medianoche; la Ley de ART que también viola los derechos humanos de los trabajadores, que viola el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, la progresividad, el derecho al juez natural, y juega con la sangre y la vida de los trabajadores. Por eso, como era indefendible, la aprobaron de la forma en que la aprobaron, para que la gente no se entere. Hoy los trabajadores están sujetos a las consecuencias de esa ley. Así que habrá que pelear mucho para que sea derogada y tener una ley que sume en prevención, que haga invertir a los empresarios en este sentido, que no lucren con la salud de los trabajadores. Que haga volver a las cosas en donde estaban, porque la vida de un trabajador es tan digna como la de la presidenta de la nación. Entonces hay que cuidarla, merece cuidarla, y debe hacerlo el empresario que se llena los bolsillos con el esfuerzo y la explotación del trabajador. Esas dos leyes sancionadas hace poco con el giro de ajuste que tuvo el gobierno a partir de la muerte de Néstor Kirchner es la misma forma en que tratan estos disparates que pretenden presentar como “democratización de la Justicia”, y vuelvo a decir, es el avasallamiento de los derechos de todos los argentinos, es el avasallamiento en particular de los trabajadores judiciales, es la entrada del ajuste en la Justicia.
-¿Cuál es su visión sobre la reforma de las cautelares que impulsó el oficialismo?
Es un cercenamiento a la acción de amparo, una acción de amparo que es fundamental cuando se ve violada una garantía constitucional de cualquier individuo y que sin la cautelar la acción de amparo no tiene efecto, porque poné el caso de un trabajador del Estado separado arbitrariamente: presenta un amparo, una cautelar de reinstalación en el cargo, y cuando el Estado demuestre que existe un motivo suficiente para que sea separado entonces se lleva a cabo su despido, pero sino lo que pasa en la mayoría de los casos, se demuestra que fue injusta la situación y el trabajador, además de estar reinstalado, puede seguir trabajando. Pero un juicio que además, con las cámaras de Casación y con todas estas nuevas instancias, suponete que tarde 15 años, a los 15 años el trabajador demuestra que la separación de su cargo fue injusta y la Justicia reordena su reinstalación y ya el trabajador capaz que está en edad para jubilarse, o capaz que se murió. Triunfa en el juicio pero no tiene efecto porque el Estado le impuso su potestad arbitraria violando permanentemente sus derechos. Entonces este cambio es profundo en la Argentina y es propio de la dictadura militar y no precisamente de gobierno democráticos donde uno cree en la evolución de la humanidad, como dice el papa Francisco I, los ciudadanos, los pobres fundamentalmente, tienen acceso pleno a una vida digna, y más en la Argentina, un país tan rico que da para que todos podamos vivir con todo lo que necesitamos.
- Cuando los abogados e integrantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados presentaron su postura ante las iniciativas del Poder Ejecutivo, hablaron de ciertos "vicios" en la Magistratura, en los jueces. ¿Estos "vicios" son un problema esencial en el debate para usted?
- Vuelvo al principio, acá hace falta una reforma judicial, acá la Justicia no funciona como debe, es la famosa Justicia de dos caras como decía antes, entonces, ¿cómo se hace eso? Usando los mecanismo de contralor. Si hay un juez que usa las medidas cautelares para retrasar causas, bueno, existen mecanismo para separarlo a través de un juicio político. Todos los que defienden esta causa y hablan de la corporación de los jueces, que son oficialistas hoy, ninguno de esos, ni los integrantes de Consejo por el oficialismo, ni los diputados nacionales, ni los dirigentes, han denunciado a malos magistrados, corruptos o que incumplen sus funciones. Pero no solo no los denunciaron, sino que al revés, los ha protegido. Nuestra organización gremial tiene un montón de jueces denunciados, jueces que violan los derechos humanos de los trabajadores, jueces que han tenido fallos vergonzosos. Es decir, con cosas fuera de toda lógica, y de la independencia que tiene un juez, con errores parciales de parcialidad manifiesta, nosotros los hemos denunciado, aún jueces que han favorecido al Grupo Clarín. Y el oficialismo, los representantes del Poder Ejecutuivo, lejos de permitir avanzar contra esos malos jueces, los han protegido. Hace poco hemos pedido el desarchivo de causas que son un escándalo, contra jueces que violan los derechos humanos, que persiguen a los trabajadores, que persiguen a la organización sindical, pero además en un caso está demostrado que fue personal de inteligencia durante la dictadura militar. Así que hoy como juez está haciendo lo que antes hacía en la dictadura. Y sin embargo se llenan la boca de derechos humanos los representantes de gobierno en el Consejo y evidentemente no hacen nada sin consultar. Han recibido directivas para proteger a esa persona que es el juez Montesanti. Entonces, evidentemente hay muchos juzgados que funcionan mal, hay otros tantos que están vacíos porque el gobierno no avanza en la cobertura de esas vacantes, hay sanciones encubiertas para algunos jueces. A mí me pasa que mi mujer tiene carrera judicial, hace 35 años que trabaja en la Justicia y ni siquiera usa mi apellido, no es la mujer de Piumato, es Analía Viganó, que tiene una trayectoria en el fuero laboral, es profesora de posgrado, tiene doctorados, ganó un concurso para acceder a ser titular de un juzgado de primera instancia en lo laboral, es más capaz que muchos camaristas de ese fuero, y como contra mí el gobierno no tiene ninguna carpeta para sacarme de denuncias de corrupción ni de ningún tipo, usa las prácticas más tremendas, no de la Argentina sino de la humanidad, que es atacar a la familia. Entonces me sancionan a mí cortándole la carrera judicial a mi mujer. Entonces todo el cuento de la idoneidad es mentira, ella tiene 11 discriminaciones, la discriminaron en 11 ternas. La presidente dijo que el que gana, el más competente, va a ser elegido. En el caso de Analía Viganó que no tuvo ninguna impugnación en todo el trámite, al contrario, fue felicitada en varios momentos, por ser la mujer de Julio Piumato es discriminada. Esta es la forma en cómo se piensa la Justicia que viene y cómo se pergeña esta democratización judicial. Es un ejemplo personal pero vale para pintarlo. Yo creo que hay que confiar más en los hechos que en las palabras. Perón decía que la única verdad es la realidad y acá se puede aplicar ese precepto. La forma de tratamiento de estas leyes demuestra que están mintiendo, porque sino lo harían de forma más transparente. Creo que la Justicia se merece un debate nacional profundo, nosotros lo impulsamos hace mucho tiempo, donde opinen todos los sectores y fundamenten, como sucedió con la Ley de Medios, y se tome en la redacción la voz de los que no tienen voz. De los más humildes, de los más necesitados, aquellos que están requiriendo Justicia. No hay que usarlos para decir que ellos no tienen y sí las corporaciones, porque en la realidad esta reforma favorece a las corporaciones, y como expliqué, perjudica al ciudadano común, perjudica a los jubilados, a los trabajadores. Esa es la cruda realidad.
- ¿Hay algún punto que le parezca destacable de la reforma? ¿Qué cosas concretas propone para reformar la Justicia?
- En principio de estos proyectos nada, lo único que compartimos porque es una lucha del gremio es lo relativo al examen de ingreso a la Justicia, para que todos puedan ingresar en pie de igualdad al Poder Judicial y no solamente los que sean parientes o hijos “de”, o que tengan la suerte por azar de acceder. Creo que es un paso importante. Es más, tomaron un proyecto que tenemos consensuado desde el año 2006 ante el Consejo de la Magistratura, y donde tozudamente el oficialismo bloqueó y boicoteó durante todos estos años. Desgraciadamente, hecha la ley, hecha la trampa, porque le modificaron dos cosas: por un lado, algo central para la transparencia de un concurso, que es que haya veedores. Nuestra propuesta incluía veedores del gremio y lo sacaron. ¿Quién va a controlar que esos concursos sean transparentes? Nadie. Entonces, es el gatopardismo, cambiar algo para que nada cambia. Precisamente, hoy estamos viviendo una experiencia en el ámbito de la Defensoría General de la Nación donde la doctora Stella Maris Martínez fue permeable a esta insistencia del gremio, consensuamos un proyecto de ingreso, ya se hicieron los primeros concursos y funcionó con transparencia, con la veeduría, con delegados del gremio muy capacitados que, realmente, la evaluación que han hecho es muy buena. Hay cosas para corregir, fue la primera vez, fue muchísima gente la que se anotó, pero en general la evaluación que hacemos es que ese es el camino. Si no hay veedores, ahí van a seguir como pasa muchas veces con los concursos de jueces, van a terminar siendo elegidos los amigos del poder. Y la prueba está en que este sistema no lo aplica ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso. Entonces si decimos, “qué bueno que los argentinos tengamos acceso al Estado”, habría que aplicarlo a los tres poderes. Entonces acá hay otra intencionalidad. Además, en ese mismo proyecto, que era lo único que uno podía llegar a rescatar, hay otro tema que demuestra el sentido de a dónde van. Incorpora el nomenclador de la situación de los que tienen locación de servicios. En la Justicia no existe la locación de servicios, solamente algunos casos en la obra social que ya van a ser extirpados. En la Procuración, cuando sumió Righi (por Esteban, el ex procurador general), se encontró con que había locación de servicios y nosotros operamos rápidamente y ya en 2005 no quedaba nada de eso, ni en la Justicia ni en el Ministerio Público de la Nación. Y que aparezca la locación de servicios está mostrando que esta reforma viene por el lado del ajuste. Porque nadie pone algo que no existe o que no va a existir. Entonces nos están mostrando que la política de personal en el Poder Judicial va a ser la misma que en el Estado, y es lo que está pasando en toda la Argentina: aumento de la precarización laboral, que es quita de derechos a los trabajadores, que es incertidumbre, que son menores salarios, y demostrando que esta reforma viene de la mano, no solo del avasallamiento de la Justicia, sino del ajuste para quienes trabajamos en ella. En cuanto a la forma en que se resuelven las cuestiones, primero tiene que haber un mapa judicial, definir cómo deben ser la cantidad de juzgados que tienen que existir en cada fuero, de acuerdo al cúmulo de tareas. Obviamente que hay cosas muy difíciles de resolver. Pero tendría que haber cuerpos especiales, cuerpos transitorios, cuerpos móviles, que cuando un fuero o una instancia es desbordada se la refuerce hasta que dure la crisis. Hay cosas que son poco previsibles. Uno no puede diseñar una Justicia pensando que el Estado no va a cumplir con sus sentencias, como pasa en el caso de miles de jubilados. Entonces ahí es muy difícil de modificar. Lo más fácil es que el Estado respete la división de poderes y las decisiones de los más altos tribunales de la nación. Pero nosotros siempre decimos, como pasó con el corralito, tiene que haber un presupuesto para emergencia. Esto que pasó con las inundaciones, donde no había dinero previsto para una inundación, donde una simple lluvia dejó unos cuantos muertos en La Plata, bueno, no llegamos a esa instancia, pero también lo planteamos para la Justicia, que haya una partida en donde esté bien establecido en qué condiciones se puede utilizar, como cuando pasó lo del corralito u otros casos en los que el fuero previsional se vio desbordado. Esta partida se podría utilizar para crear cuerpos provisorios que permitan agilizar esa tarea y no perjudicar al justiciable, al ciudadano común. Fuera de esas stuaciones de emergencia, todos hablan de favorece el acceso de los ciudadanos a la Justicia, pero cuando acceden los juzgados están desbordados. Y hay que fijarse que en lugar de crear nuevos juzgados crean nuevas instancias, alejan a la gente de la Justicia. Saben que los jueces no alcanzan y los trabajadores hacen la tarea de los jueces. Son jueces baratos como se dice, les falta poner la firma de la asistencia. A pesar de todo esto, como me dijo un periodista, la oficina judicial es la más eficiente de todo el Estado argentino. No hay ministerios, no hay Congreso, no hay organismos descentralizados que tengan el volumen de trabajo diario que tiene la oficina judicial, y que tenga tal volumen de acción, con plazos y demás. En la Justicia se trabaja y se trabaja en serio, por eso nosotros decimos que nos merecemos condiciones de trabajo dignas, merecemos un trabajo digno y merecemos ser respetados en la función.