Human Rights Watch y la reforma judicial que no fue

En 2013 el Poder Ejecutivo enfrentó una serie de idas y vueltas por los proyectos de ley tendientes a reformar algunos aspectos de la Justicia, que también fueron denominados por las agrupaciones afines al Gobierno como “democratización”. Pero los fallos judiciales pusieron un freno a algunas de las iniciativas más polémicas, como la modificación de la estructura del Consejo de la Magistratura.

 

Teniendo en consideración el revuelo generado por esta cuestión y haciendo un análisis cuya parcialidad fue contraria a los intereses del oficialismo, la asociación Human Rights Watch (HRW) incluyó como uno de sus puntos principales en su informe anual a esta cuestión, realizando señalamientos por la forma en que se desenvolvió el asunto y señalando que se intentó avanzar sobre la Justicia.

 

Desde la organización precisaron que “en 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner consiguió la aprobación de una legislación que limitó gravemente la independencia judicial, si bien la Corte Suprema de Justicia posteriormente anuló algunas de las disposiciones principales”.

 

Los miembros de HRW afirmaron que cuando los proyectos fueron ingresados al Congreso en “abril de 2013”, se aprobaron “rápidamente”. En este sentido, también recalcaron que una de las iniciativas buscaba “limitar las posibilidades individuales para reclamar interdictos (medidas cautelares) contra el Estado”.

 

También pusieron de manifiesto que una de las leyes buscaba garantizar que “el partido dominante tenga una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, que selecciona jueces y decide si abrir procedimientos de remoción, garantizando al partido dominante poderes que minan la independencia judicial”.

 

Pero entre otros aspectos, los miembros de la organización recordaron el Memorándum firmado con Irán, y denunciaron que aún no hay ningún condenado por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

 

En este sentido, el informe deja entrever una parcialidad con respecto a la acusación contra Irán, ya que recuerda que la extradición del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani nunca fue cumplida.

 

Por otra parte, los integrantes de HRW destacaron que se llevaron a cabo varias iniciativas tendientes a lograr que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pero sin embargo también recordaron que la presidenta propuso a César Milani, acusado por varias organizaciones como parte de estos crímenes, para que dirija el Ejército.