El artículo 41 de la Constitución nacional consigna el derecho a un ambiente sano, equilibrado, “apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Y con base en esta norma, el diputado bonaerense, Jorge Santiago (FAP) propuso la creación de fiscalías ambientales.
Concretamente, el legislador propuso crear este cuerpo de fiscales en cada uno de los departamentos judiciales de la provincia. La legislación establece varios cambios a diferentes normativas para que se pueda aplicar esta propuesta.
Entre otras cosas, Santiago entendió que los requisitos mínimos son tres años en el ejercicio de la profesión y las mismas condiciones necesarias para ser juez de primera instancia, tal como funciona para los defensores oficiales y los asesores de incapaces.
En sus fundamentos, el diputado afirmó que “conscientes de la importancia que el Estado debe atribuirle a la promoción de un Medio Ambiente sano y en el convencimiento de que de su preservación depende la subsistencia misma y el sano desarrollo de todas las especies, consideramos necesario apuntalar su resguardo con la creación dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal de nuestra provincia, de los Fiscales Ambientales de modo de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia”.
“El Fiscal Ambiental resulta ser una herramienta necesaria e idónea para dar tratamiento a una creciente problemática dentro del marco jurisdiccional. Ya existen experiencias en países como Venezuela, Brasil, México, España, Costa Rica, Paraguay, entre otros, que han dado importantes pasos en la temática al constituir fiscalías ambientales. Existe consenso sobresu efectividad para ayudar a disminuir los delitos contra el ambiente y la protección de los recursos naturales”, agregó el legislador.
Santiago afirmó que “con la puesta en funcionamiento de las Fiscalías Ambientales, se propone prevenir los daños, actuar con celeridad, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.
El miembro de la Cámara Baja también explicó: “Por ello es que en defensa del orden público ambiental,es que resulta necesario contar con herramientas provinciales que puedan trabajar de manera coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales”.
“La especialización de un funcionario judicial en medio ambiente es una necesidad real y urgente que acompaña el crecimiento en la materia”, entendió el integrante de Diputados, siguiendo su línea argumental.
dju
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