La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad recibió a los funcionarios del Ministerio de Justicia en el marco de la iniciativa de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito local. En el encuentro, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, explicó que el traspaso se realizará en forma secuencial, empezando por el fuero Penal y Laboral.
En el marco de la iniciativa de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito local, la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña recibió a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para debatir los ejes centrales del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso nacional.
Durante el encuentro, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, manifestó que “el traspaso es un proceso complejo que impacta en distintos campos”; mientras que el presidente de la Comisión, Daniel Presti, consideró que “es una oportunidad única para la Ciudad”.
Los funcionarios expusieron sobre los posibles escenarios e inconvenientes del proyecto. “Hay muchas tareas para llevar a cabo. Tenemos que despejar la incertidumbre de algunos funcionarios y empleados”, afirmó Otamendi cuando fue consultado por las críticas de algunos sectores que se oponen a la iniciativa.
En cuanto a la transferencia de la Inspección General de la Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble, el subsecretario de Asuntos Registrales, Osvaldo Martín Borrelli, advirtió que “ambos organismo tienen un funcionamiento complejo por su naturaleza y la cantidad de empleados”.
Sobre el caso especial de la Inspección General de la Justicia, Borelli recordó que “en 2008 se sancionó la ley del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no pudo entrar en vigor por cuestiones judiciales”, y añadió: “Entendemos que si se efectúa el traspaso, devendría abstracta la situación legal que tiene al organismo frenado".
Sobre el Registro de la Propiedad Inmueble, mencionó que “la Ciudad nunca creó el organismo y, en consecuencia, no se deberá realizar ningún deslinde de competencias federales y locales, ya que sólo registra inmuebles en el ámbito de la Capital Federal”.
A continuación, la coordinadora nacional de la Transferencia, María Gattinoni, opinó que “será una ley que se construirá en el tiempo y, además, se va a materializar a través de convenios interjurisdiccionales”, y destacó que “el objetivo es cumplir con el mandato constitucional y así perfeccionar el sistema federal”.
En este sentido, los funcionarios indicaron que la implementación será gradual y progresiva para “no afectar el servicio de justicia y la independencia judicial”. Dicho traspaso se realizará en forma “secuencial”, empezando por el fuero Penal y Laboral.
Los principales ejes del proyecto
A principios de junio, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto de ley para la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la Ciudad al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según los fundamentos del proyecto, “corresponde al Estado nacional, la adopción de las medidas destinadas a completar el aludido proceso de autonomía, mediante actos que, como el presente, aspiran a garantizar el ejercicio de una jurisdicción plena en materia local por parte de la Ciudad”.
La iniciativa busca modificar ley 24.588, conocida como "Ley Cafiero", estableciendo que “la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieren a la Ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Dicha transferencia incluye a “magistrados, funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional”, y su implementación se realizará de “forma progresiva en un periodo no mayor a siete años para garantizar el efectivo servicio de justicia”.
Sobre este punto, el proyecto garantiza “la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad del que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos”.
La iniciativa oficial también incluye la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad, “sin perjuicio de las competencias y la información de carácter federal que deberá permanecer en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación”.