La Justicia porteña hizo lugar a una cautelar por las condiciones de accesibilidad en la red de subterráneos. La mayoría de las estaciones no cuentan con mecanismos y estructuras para las personas con discapacidad.
El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó implementar el sistema “Tótem de asistencia” para garantizar las condiciones de accesibilidad en la red pública de transporte de subterráneo.
En el caso, la Defensoría del Pueblo porteña solicitó que “se ordenara a los demandados cesar en su omisión inconstitucional y proceder a eliminar las barreras arquitectónicas existentes en las estaciones de la red de subterráneos de esta Ciudad, para garantizar la plena accesibilidad a las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”. Luego se sumaron a la presentación otras organizaciones no gubernamentales.
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) presentó un plan de contingencia que “se encuentra sujeto a la aprobación presupuestaria” por parte de la Legislatura de la Ciudad. También cuestionó la competencia del fuero y requirió la citación como tercero del Estado Nacional.
Tan sólo el 34% de las estaciones de subterráneo se "encuentran dotadas de mecanismos que permitan la accesibilidad total de las personas que atraviesan alguna discapacidad motora o dificultades en su movilidad". Muchas de estas estructuras se encuentran con desperfectos técnicos, falta de higiene y mantenimiento.
En este escenario, el juez Gallardo señaló que “el reclamo introducido en el presente amparo tiene por objeto obtener un rápido remedio frente a lo que se denuncia como una arbitraria e ilegítima omisión” por parte de las “autoridades locales de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Constitución local”.
En este sentido, el magistrado destacó como "paradojal la invocación de la necesidad por parte de SBASE en producir prueba, mientras que al mismo tiempo acompañaron un plan de obras futuras proyectadas a 10 años, que hace suponer –o al menos es deseable que así sea– que existe un previo estudio técnico de viabilidad”.
El fallo consignó, además, que tan sólo el 34% aproximado de las estaciones de subterráneo se "encuentran dotadas de mecanismos que permitan la accesibilidad total de las personas que atraviesan alguna discapacidad motora o dificultades en su movilidad". Muchas de estas estructuras se encuentran con desperfectos técnicos, falta de higiene y mantenimiento.
El sentenciarte analizó la reciente experiencia en la región y “ponderó” lo acontecido en la Ciudad de Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En aquella oportunidad, se adoptaron distintos recaudos estructurales para “procurar el fácil traslado de las personas con capacidades reducidas en su movilidad”.
"Pese a la larga data de la existencia de los subterráneos como han invocado las partes, poco se ha hecho con el norte de paliar las dificultades de accesibilidad con la que se enfrentan el colectivo de personas que atraviesan obstáculos en su movilidad", advirtió el fallo.
De este modo, el magistrado ordenó implementar el sistema "Tótem", hasta tanto culminen las obras estructurales que “posibiliten la plena accesibilidad autónoma de las personas con capacidades motrices reducida a las estaciones de subterráneos”. Se trata de una "torre de escaso tamaño, en cuando altura y ancho, colocada en cada acceso a cada estación de la red, la cual cuenta con una botonera que al ser accionada, genera la inmediata asistencia de parte del personal”.