Los cambios no convencen a los abogados

La Federación Argentina de Colegios de Abogados emitió un comunicado en el que rechaza las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación establecidas en el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos que discutirá la Cámara de Diputados la próxima semana.

Los abogados pidieron que “se excluya su tratamiento en el marco y en todo caso se difiera su debate para las sesiones ordinarias”. 

Los letrados se oponen a “la introducción del llamado divorcio administrativo, a través de una simple comunicación manifestada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público, atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de los cónyuges y de los hijos menores o mayores con capacidad restringida”.

"El Poder Ejecutivo pretende transferir al ámbito administrativo potestades jurisdiccionales propias del Poder judicial, cuyo ejercicio compete exclusivamente a los jueces, únicos habilitados a para hacer efectivo el derecho humano de acceder a la justicia en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos”, sostuvieron en el texto.

Para la Federación “se están violentando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, en abierta confrontación con el sistema de división de poderes y al derecho de las personas de acceder a la justicia en demanda de la tutela judicial y efectiva”.

Los letrados se oponen a “la introducción del llamado divorcio administrativo, a través de una simple comunicación manifestada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público, atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de los cónyuges y de los hijos menores o mayores con capacidad restringida”.

En el comunicado alertan que los cambios "se fundan en falsas premisas como la necesidad de descomprimir la tarea de la justicia, acelerar tiempos y abaratar costos. Todo lo contrario, tornará complejo lo que es simple, obligará al justiciable a deambular por escribanías y tribunales en caso de disidencias o planteos posteriores a su inicio y aumentará en gran medida los costos en tanto se deberán abonar gastos de escrituras públicas (acta de notoriedad de declaratoria de herederos), pago de  nuevos "aranceles sociales" y honorarios del escribano que se sumarán  sin razón alguna a  los honorarios del abogado interviniente".

“La discusión de estos últimos, como cualquier otra modificación del Código Civil y Comercial -cuya aplicación no ha tenido desde su puesta en vigencia objeciones o reparos de sector alguno- debe darse en otro contexto que asegure un debate legislativo amplio, plural y participativo alejado de cualquier situación de emergencia o urgencia que le son absolutamente ajenas”, concluyó el texto.