La abogada argentina Florencia Reggiardo es la actual directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) y participó del proceso de audiencias públicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el marco de la Opinión Consultiva sobre Emergencia climática y Derechos Humanos, solicitada por Chile y Colombia. El proceso inició a comienzos de 2023, mediante una solicitud formulada conjuntamente por ambos países y se basa en la necesidad de aclarar el alcance de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los Estados frente a la actual emergencia climática.
Las audiencias comenzaron en abril último en Barbados y continuaron en Brasil, visitando las ciudades de Brasilia y de Manaos. En diálogo con Diario Judicial, Reggiardo dio detalles del proceso que generó gran expectativa tanto a nivel regional como internacional, con récord de participación por parte de organizaciones, activistas, comunidades indígenas, expertos, académicos y jóvenes.
Diario Judicial: Recientemente se realizaron las audiencias de la Opinión Consultiva sobre "Emergencia Climática y Derechos Humanos", ¿Cómo fue el proceso?
Florencia Reggiardo: Las audiencias son la culminación del proceso público, por decirlo de alguna forma, de las solicitudes de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue tal el caudal de observaciones que la Corte recibió, que se decidió hacer dos períodos de sesiones, uno en Barbados y otro en Brasil. Las opiniones consultivas están reguladas en la Convención Americana y son opiniones expertas que emite el Máximo Tribunal de Derechos Humanos de la región. Las pueden solicitar los Estados de la región, la Comisión u otros órganos de la OEA, mas no la sociedad civil. Desde CEJIL acompañamos técnicamente a Chile y Colombia para que hagan esta solicitud en enero de 2023. Durante todo el año estuvo abierto este proceso para que sociedad civil, la academia, personas afectadas, otros Estados y organismos a nivel local puedan presentar observaciones escritas. A inicio de este año, la Corte convocó a estos dos periodos de sesiones. Yo participé en la presentación de CEJIL, presentando nuestras observaciones escritas en calidad de amicus curiae. También acompañamos a diferentes organizaciones y personas. La particularidad es que este proceso se da a la par de otros, como la reciente opinión del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la solicitud restante de la Corte Internacional de Justicia, que va a tener audiencias en diciembre de este año. Las audiencias de Barbados tuvieron un foco más centrado en organizaciones del norte global, organizaciones de Europa y participación de estados del Caribe. Participó también Vanuatu, que es quien impulsa la opinión consultiva sobre emergencia climática ante la Corte Internacional de Justicia. El foco de las audiencias de Barbados fue más técnico y especializado de organizaciones que trabajan más temas de cambio climático, de transición energética, y que no son como quizás las típicas organizaciones que litigan casos ante el sistema interamericano. En las audiencias de Brasil, que fueron en Brasilia y en Manaos, el foco fue más dirigido a comunidades afectadas, personas defensoras, pueblos indígenas, personas en contexto de movilidad, desplazadas, niñas y niños, adolescentes, y mucho más de Latinoamérica, no tanto ya angloparlante. Es la primera vez que vemos este nivel de organización de la Corte, realmente hicieron un trabajo enorme de sistematización y se notaba mucho que los jueces y juezas estaban muy en tema, ya que con ese nivel y caudal de información podría haber sido muy difícil, pero realmente sí estaban en el detalle y haciendo preguntas muy concretas.
DJu: ¿Qué evaluación hace tras las audiencias?
FR: Yo creo que va a ser una opinión consultiva amplia, que va a abordar muchos temas. Fue una solicitud muy larga la que hicieron Chile y Colombia. Si bien son seis preguntas, tienen varias sub-preguntas, y abarca muchísimos temas de derechos humanos. La Corte podría haber limitado esas preguntas, es decir, cuando hizo pública la convocatoria para que se presenten observaciones escritas, pero no lo hizo. Y eso no quiere decir que vaya a responder a todas las preguntas, pero en general es como un recorte inicial que hace a las preguntas, y en este caso no fue así. Viéndolo en perspectiva, por ejemplo, la Corte desarrolló toda su jurisprudencia a partir de una opinión consultiva sobre igualdad y no discriminación. Opino que va a ser un antes y un después.
DJu: ¿Cuáles fueron los principales argumentos?
FR: Nosotros presentamos cinco amicus. Uno de ellos sobre medidas de prevención, los principios que inspiran la mitigación, la adaptación y las respuestas de comunidades afectadas. Después otro sobre el impacto en las niñas, niños y las nuevas generaciones. Una tercera presentación vinculada a personas defensoras, y el impacto que está teniendo en quienes defienden sobre todo el ambiente, la tierra, la emergencia climática, y la falta de una respuesta adecuada por parte de los estados. Un cuarto escrito relacionado con acceso a la información climática y, por último, otro vinculado al acceso a la justicia.
DJu: ¿Los Estados están obligados a cumplir con las opiniones consultivas?
FR: Las opiniones consultivas no tienen los mismos efectos de obligatoriedad que una decisión en un caso en concreto, pero sí tienen efectos respecto a los Estados miembros al ser la CorteIDH la última intérprete la Convención América. Además, es importante resaltar que el cumplimiento de las decisiones no puede separarse de la obligación estatal de cumplir de buena fe con las obligaciones internacionales y los Estados tienen también la obligación de adoptar medidas positivas que permitan hacer efectivo los derechos. Entonces, las opiniones consultivas sí tienen un efecto para todos los Estados de la región y pueden y deben influir en el desarrollo a nivel local. Un poco lo que nosotros vemos de potencial en la opinión consultiva es que sirva para los diferentes poderes del Estado. La solicitud ya generó una discusión sobre el impacto en los derechos humanos que tiene la emergencia climática. Creo que eso era algo que no lo veíamos tan tangible y hasta ahora no estaba tan presente en la discusión regional.
DJu: ¿Cómo impacta en los futuros litigios?
FR: Esta opinión consultiva va a ser necesaria para después desarrollar estándares en casos en concreto. Hay que analizar también cuántos casos hay y también cómo se desarrollan los marcos prácticos para darle esa vuelta de emergencia climática a casos en trámite y, además, cómo se priorizan otras discusiones que también tienen que estar.
DJu: A nivel regional, ¿Aumentaron este tipo de litigios vinculados a temáticas ambientales?
FR: Creemos que sí. También la visibilidad y la forma en la cual se están replanteando los procesos para darle esta mirada de emergencia climática. Antes quizás eran solo vistos como un tema de medioambiente y no necesariamente como un tema de impacto en el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a financiaciones futuras, el derecho al acceso a la información y el derecho a defender derechos. Esto le da un marco más amplio a la discusión. No creo que no hayan existido, sino que se les está dando una visión necesaria de derechos humanos.