Righi instruye a fiscales sobre la ley de prescripción

Cuatro meses después que el Congreso sancionara la polémica ley sobre prescripción, que modificó el artículo 67 del Código Penal, el Procurador General instruyó a los magistrados con competencia penal que integran el Ministerio Público Fiscal para que frente a la diversidad de criterios que puedan presentarse en la aplicación de la ley 25.990, y siguiendo la histórica línea político criminal del organismo, “opten en principio por la interpretación que haga prevaler la vigencia de la acción penal pública (Res. PGN 3/86, 25/88, 39/95, 20/96, MP 39/99, 42/02, 71/03, entre otras)”.

En los fundamentos de la resolución dada a conocer este viernes, se subraya que es muy importante “concentrar los esfuerzos correspondientes para evitar la excesiva dilación de los procesos judiciales” y que “corresponde acentuar la preocupación por satisfacer esta exigencia de justicia no sólo en los casos en los que existen personas privadas de libertad, sino también en procesos complejos que, precisamente por esta característica requieren una dedicación mayor, y en muchos casos involucran intereses sociales de suma relevancia”.

Además, se advierte que la reciente sanción de la ley 25.990, orientada a conjurar los inconvenientes que provocaban distintas interpretaciones jurisprudenciales respecto a los actos que conformaban secuela de juicio, “está siendo invocada en muchos procesos judiciales en trámite, como fundamento para que se declare la prescripción de la acción penal”.

Esto último, según la resolución firmada por Righi, “impone la necesidad de aumentar los esfuerzos institucionales para evitar que la prescripción de la acción penal impida que se dicte sentencia, que es la forma adecuada de conclusión de los procesos criminales”.

A mediados de febrero, este medio había informado, en forma exclusiva, acerca de un oficio que le habían remitido a Righi los fiscales del NOA, donde le plantearon una serie de dudas y conclusiones sobre la aplicación de la polémica reforma al artículo 67 del Código Penal.

Las mismas habían surgido en la Primera Reunión Anual de Fiscales del NOA, llevada a cabo el 16 de febrero en Tucumán, donde unos 30 fiscales y secretarios de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy discutieron posibles consecuencias de la norma aprobada por el Congreso.

En el oficio, los funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal destacaron que la norma presentaba algunas “dificultades interpretativas”. Además pidieron al Procurador la implementación de instrucciones generales “ que permitan a los señores Fiscales Federales contar con el apoyo de un profundo análisis doctrinario de difícil alcance –especialmente por el escaso tiempo procesal”.

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