Por segunda vez en menos de una semana, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Rosatti, no se presentó a declarar como imputado por sus
presuntas responsabilidades en el deficiente funcionamiento de las cárceles federales, donde los presos convivirían en pésimas condiciones, y recusó al juez federal Claudio Bonadío, que lo había citado nuevamente para este lunes, después del “faltazo” del viernes pasado, cuando Rosatti adujo que debía concurrir a una conferencia académica.
Los abogados de Rosatti, Daniel Erbetta y Raúl Gustavo Ferreira, presentaron un escrito, a las 7:30 en punto, en el juzgado de Bonadío mediante el cual recusaron al juez. Además acompañaron
239 fojas de prueba documental. Los letrados argumentan que el magistrado federal está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura
a pedido de su defendido, por supuestas irregularidades en la causa AMIA, y que, por lo tanto,
carece de necesaria imparcialidad para juzgar cualquier conducta de Rosatti.
Mientras tanto, allegados al ex ministro de Justicia -que dialogaron con este medio- creen que el expediente está “inflado” y que “en ningún caso pudo significar la citación a indagatoria de dos ex-ministros”. Además, fuentes de su entorno aseguran que la citación es arbitraria, que tiene “ánimo persecutorio”, y que es un intento “desesperado” de un juez por capturar rehenes para negociar su juicio político.
Al explicar los motivos de la recusación, Rosatti dijo en su escrito que “he sido parte acusadora de VS y he promovido, en el ámbito de mi competencia en tanto Ministro de Justicia y Derechos Humanos, su juicio político ante el Consejo de la Magistratura”. “Desde que asumí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 26 de julio de 2004, he tomado medidas concretas para impulsar la investigación del atentado (a la AMIA) y su encubrimiento”, agregó.
Vale recordar, a esta altura, que Rosatti recomendó al presidente Kirchner no aceptar la renuncia que oportunamente presentara el ahora destituido Juez Galeano, cuya conducta en la instrucción debe investigar Bonadío, y que
tuvo activa participación en la promoción de su juicio político por la causa “encubrimiento” AMIA. “Personalmente he instruido al Secretario Ejecutivo de la Unidad AMIA, que funciona en el ámbito de la competencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y dependía de mi persona, a mocionar el juicio político a VS sobre la base de la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, manifestó el abogado constitucionalista.
A su vez, Rosatti resaltó que en la denuncia inicial presentada desde la Unidad del Poder Ejecutivo Nacional dedicada al caso, como en las posteriores presentaciones que se concretaran desde entonces, se expuso claramente que “el juez Bonadío desde hace casi cinco años se encuentra obligado a investigar el irregular proceso de negociación que llevara a la aviesa construcción de la hipótesis incriminatoria derribada por el tribunal del juicio, y que en algunos aspectos no ha concretado ninguna diligencia procesal destinada a sumar prueba, al tiempo que ha demostrado un retardado accionar judicial como director de la investigación que casi no avanzó sino a través de la prueba que aportó directamente el tribunal encargado del juicio o se desprendió necesariamente de su impulso”.
Por otra parte, el ex ministro admitió que personalmente instruyó al representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura “a evitar la prescripción y el archivo de la causas en trámite ante ese organismo jurisdiccional” referidas a Bonadío.
Tras explicar su actitud ante el caso AMIA y las tareas desplegadas desde su cargo de ministro para impulsar la investigación del hecho, Rosatti negó en el escrito que su actuación como funcionario público “sea investigada por VS bajo un marco de imparcialidad e independencia”. “Es lamentable que quien ha ejercido su cargo con dignidad, honestidad y respeto por la investidura e independencia del Poder Judicial, denunciado a quienes se apartaban de ese camino, se convierta, por esa única y exclusiva razón,
en rehén del juez al que osó cuestionar”, disparó.
Por esta misma causa, hay unos cuantos funcionarios que desfilarán ante Bonadío. Entre ellos figuran el ex ministro Béliz, los ex secretarios de Justicia y Asuntos Penitenciarios Pablo Lanusse, María José Rodríguez y Mariano Ciafardini, y el director y vice del Servicio Penitenciario Federal, José Soria y Amalia Toro, respectivamente.
La causa que conduce Bonadío se originó en las
denuncias radicadas por los propios presos o sus familiares. Los denunciantes resaltaron una
situación alarmante en las cárceles del sistema federal. Antes de citar a los ex funcionarios, Bonadío recorrió las unidades penitenciarias de Villa Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, donde habría constatado serias anomalías.
Mientras tanto,
la Justicia federal investiga presuntos sobreprecios de hasta 80 por ciento en la licitación para construir tres cárceles federales. El Ministerio de Planificación Federal finalmente anuló esa licitación y estudia llamar a un nuevo concurso de oferentes, pero la Justicia quiere saber si las denuncias son ciertas.
dju / dju
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