Las demandas judiciales por mala praxis médica siguen siendo un dolor de cabezas para los actores del sistema de salud. Así lo revelan las últimas estadísticas dadas a conocer en el IX Congreso Argentino de Salud, que se realizó recientemente en Puerto Iguazú, Misiones, y que
reunió a especialistas y actores del Poder Judicial. Según se reveló allí, las acciones de este tipo aumentaron 57% en los últimos tres años. Y, durante la última década, le costaron al sistema sanitario unos 3.000 millones de pesos. Además, los especialistas volvieron a denunciar una “industria del juicio” que crece -según ellos mismos- al amparo de una legislación insuficiente.
Para Tomás Sánchez de Bustamante, abogado y directivo de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), entidad organizadora de ese encuentro nacional, las acciones judiciales por mala praxis médica se multiplicaron por diez en la última década y son una de las razones que llevaron a la quiebra a numerosas clínicas y obras sociales, el retiro de las aseguradoras del mercado y la disminución de recursos en el sistema de salud.
Por ese motivo, desde el sector de la salud piden
reformas legales de la normativa que regula las acciones judiciales derivadas de la mala praxis médica y se quejan de la “inacción” del Poder Legislativo. Entre otras cosas, los especialistas proponen
reducir a dos años el plazo para iniciar las demandas, no permitir el beneficio de litigar sin gastos, ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos oficiales, limitar los montos indemnizatorios y otorgar obligatoriedad al informe técnico científico.
En el marco de una mesa denominada “La Salud y la Justicia”, Sánchez de Bustamante expresó que “la judicialidad indebida, que llega con demandas exorbitantes a uno de cada cinco médicos, causa también el deterioro de la relación médico-paciente, promueve el abandono de la práctica profesional y hace habitual la selección de casos”.
Además, el directivo de ACAMI, dijo que
sólo en los hospitales porteños los reclamos ascienden a 79 millones de pesos anuales, mientras que las demandas contra las obras sociales representan 490 millones de pesos por año. Además detalló los costos de la “medicina defensiva”, es decir, la multiplicación de los estudios para evitar posibles juicios posteriores.
Por su parte, Ricardo Bellagio, gerente de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, dio cifras precisas que reflejan la situación actual. Según Bellagio,
en 2005 hubo 715 acciones de amparo contra 647 del año anterior, con montos de 5,2 y 4 millones de pesos, respectivamente. En cuanto a la mala praxis, el funcionario informó que
existen demandas contra 88 obras sociales, y resaltó que la ginecología y obstetricia encabezan el ranking de juicios con el 26 por ciento de los casos, seguido por cirugía (25%) traumatología (14%), pediatría (10%), clínica médica (9%), infectología (8%), anestesiología (4%) y cirugía plástica (4%).
A su turno, el juez Ricardo Li Rosi, miembro del Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, dijo que “más del 90 por ciento de las acciones que se interponen son rechazadas por los jueces”, pero reconoció que “los costos de litigación son demasiado altos” y finalmente son pagados por los médicos.
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