Diario Judicial.com publica un extracto de la resolución del juez Federal Daniel Rafecas que deja al ex presidente Fernando De La Rúa, a las puertas del juicio oral, luego de haber sido procesado como coautor del delito de cohecho activo agravado en el marco de la causa de sobornos en el Senado
La decisión del magistrado llega dos años después de la imputación del ex presidente en la causa, por considerar que tuvo pleno control y aprobación de las negociaciones ilícitas que culminaron en el pago un soborno de algo más de cuatro millones de pesos a fines de abril de 2000. Lo que ocurrió para que los senadores que conducían el bloque peronista en la Cámara Alta (Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, Alberto Tell y Emilio Cantarero, todos ya procesados por Rafecas y a la espera del juicio oral), votaran favorablemente el proyecto de ley de reforma laboral.
El juez entendió que ese dominio funcional lo tuvo a través de sus hombres de confianza: Fernando de Santibañes en la SIDE, José Genoud en el Senado y Alberto Flamarique como Ministro de Trabajo, los tres ya procesados y a la espera del juicio oral por la misma causa.
También tuvo gran relevancia en la decisión la confesión del “arrepentido” Mario Pontaquarto, que permitió llegar a la conclusión de que concretamente se realizó una reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada con De la Rúa, Genoud, Tell, Alasino y Flamarique, y que habría tenido lugar el 30 de marzo de 2000.
“Los futuros sobornados querían asegurarse de que no sólo el Presidente Provisional del Senado, no sólo el Ministro de Trabajo, no sólo el Secretario de Inteligencia, estaban al tanto, ellos querían una prueba directa de que el Presidente De la Rúa también lo estaba. Querían corroborarlo por sí mismos. Y De la Rúa accedió. Nunca se imaginó que años después, uno de los escasos cinco partícipes de esa fugaz, secreta y reducida reunión, para colmo de extracción radical, iba a relatar ante la Justicia con lujo de detalles aquel vergonzoso acontecimiento”, expresa la resolución.
Además, Rafecas también dio por probado, entre otras cosas, la designación del procesado Flamarique como “único negociador” del proyecto de ley de reforma laboral; la importancia que el gobierno de De la Rúa le asignó a la suerte del proyecto y las presiones del FMI y del ministro de Economía Machinea para que la ley se vote en forma urgente y sin cambios sustanciales.
La figura que se le imputa al ex presidente (coautor del delito de cohecho activo agravado) tiene un máximo de seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
“El delito de cohecho cometido por parte de un funcionario público, está estructurado como un delito de infracción de deber, en referencia no al deber genérico subyacente en toda norma (destinada no sólo a autores sino también a partícipes), sino a un deber extra-penal, sólo dirigido a ciertos sujetos predeterminados que están en esta relación especial con el bien jurídico, como lo es, como un ejemplo paradigmático, el presidente de la República, funcionario público éste que se encuentra en una relación de total proximidad con el bien jurídico y por ende, garante más que nadie de su indemnidad”, resalta el escrito judicial.
Finalmente, cabe señalar que en la resolución, Rafecas le dedica unas 200 fojas para responder todos los argumentos que De la Rúa esgrime en su libro “Operación Política”, en el que el ex presidente buscó demostrar su inocencia en la causa.
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