Fue en el marco de una reunión conjunta llevada a cabo entre las comisiones de Legislación Penal, Prevención de Adicciones y Salud Pública donde la coordinadora del comité, Mónica Cuñarro apuntó que, tras el fallo de la Corte Suprema, la necesidad pasa por crear un Plan Nacional de Drogas.
En este sentido, el Comité también se reunió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quién le entregaron una serie de objetivos que permiten un lineamiento para una ley de estupefacientes.
“No puede ser que una ´mula´ tenga la misma pena que el narcotraficante. Además tiene que haber agravantes cuando estén involucrados funcionarios públicos. En este sentido, vamos a elevar un informe al PEN” expresó la coordinadora adelantando algunos de los temas que hablarán en la reunión del comité con el Ejecutivo Nacional pautada para el próximo 11 de septiembre.
Cuñarro expresó la importancia de tres temas “el alcohol, el tabaco y los medicamentos” y señaló que “con respecto al Programa Nacional de Asistencia a las personas adictas que también hace referencia el fallo de la Corte, hay un proyecto del diputado (Leonardo) Gorbacz que está aprobado en Diputados, no está tan avanzado en el Senado. En cuanto a los programa de Educación también está más avanzado en la Cámara Alta”. Con respecto a esto último, instó a “repotenciar” el Centro Nacional de Reeducación Social poniendo el foco en el papel del Estado.
Días antes del fallo “Arriola”, que declarara inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, el Comité ya había planteado su preocupación por la criminalización del consumidor en un documento previamente elaborado. En aquél consignaban la interferencia del discurso penal en el discurso asistencial.
En ese sentido, señalaban el siguiente ejemplo “cuando una persona es procesada por un delito de posesión de estupefacientes para el propio consumo, puede tratarse de un consumidor ocasional (…) Podría darse el caso que, desde el principio concurriera a la entrevista forense con dos consignas de su abogado defensor: reconocerse consumidor y dependiente, y solicitar tratamiento para después de muchos años ser alcanzado por la medida premial de supresión del antecedente (art. 22) o, dado que se trata de un infracción menor, la recomendación podría ser la contraria: ocultar su estado para dejar funcionar los mecanismos penales y procesales, mucho menos lesivos que someterse a un tratamiento por tiempo indeterminado”.
“Resulta imprescindible centrar las políticas públicas en las personas y sus necesidades y dejar de lado toda utopía de solucionar el problema sacando a las drogas de circulación. Es claro que su presencia en la sociedad está satisfaciendo necesidades reales o imaginarias de la gente y que éstas no desaparecerán sólo mediante la implementación del modelo jurídico” consigna aquel documento.