Según el informe, difundido por la agencia Infocívica, la Argentina tiene altas deficiencias en investigaciones sobre casos de sobornos en el extranjero y controles débiles; no cuenta con un marco legal para investigar a empresarios que sobornan a funcionarios públicos; y no hay protección estatal para quienes denuncian la corrupción, entre otras críticas.
El “Informe TI 2007 de Avance en la Implementación de la Convención” evaluó el comportamiento de 34 de los 37 países que firmaron la Convención Contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que este año arrojó que 20 de ellos no la están cumpliendo. Se trata de los países que representan las dos terceras partes de las exportaciones mundiales.
El informe se conoce la misma semana que renunció Felisa Miceli como ministra de economía luego que el fiscal federal Guillermo Marijuán pidiera su declaración indagatoria en la causa que investiga el origen de 100 mil pesos y 31 mil dólares encontrados en el baño de su despacho. También en esta semana, el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en un expediente sobre contrabando de armas a Estados Unidos.
A eso se suma, la denuncia por irregularidades administrativas en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la causa Skanska donde este miércoles declaró el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, apartado del Gobierno junto con el ex gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Dicho apartamiento había ocurrido luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera su declaración indagatoria.
La Argentina obtuvo puntaje 0 en procesamientos e investigaciones, el mismo que el año pasado, y es uno de los 18 países donde en lo que va del 2007 no se llevó a juicio oral a ningún empresario. Sólo en 16 países se realizaron procesos penales.
Otros países con malas calificaciones fueron: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Chile, Nueva Zelanda y Eslovenia.
Sin embargo, en 2007 la Convención Contra el Soborno se aplicó en 14 países. Se trata de un avance ya que en 2006 se utilizaba en 12 países y en 2005 en ocho.
“En nuestro país no hay un régimen de sanción para las personas jurídicas. Si una empresa argentina soborna a un funcionario en otro país para que le favorezcan una licitación, sólo le cabe la responsabilidad penal a quien haya pagado el soborno”, explicó Nicolás Dassen, abogado consultor de Poder Ciudadano.
Por su parte, Huguette Labelle, presidente de TI, sostuvo que “se deben aplicar medidas más severas para asegurar el cumplimiento de los gobiernos que no han demostrado la voluntad política para enjuiciar casos de soborno”.