Esas muertes fatales fueron producto de una serie de ineficiencias y desidias públicas. Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación que enumera una cadena de hechos que llevaron al trágico desenlace.
Además de la superpoblación, había en el penal una gran cantidad de internos de los que no se conocían las razones jurídicas de su detención. “Se informó que el Código de procedimientos provincial en materia penal, prevé la figura del `detenido` y muchas de estas personas privadas de libertad ignoran las razones de su detención”, señala el informe de la Defensoría al que accedió Diariojudicial.com.
El personal del lugar fue era “insuficiente y poco calificado”. Muchos son analfabetos. El personal subalterno ingresa como cualquier empleado público sin realizar ningún curso de especialización. “Se percibe en la actitud general de los internos y del personal una sumisión solo explicable frente a un método de administrar –consolidado a través de los años–, utilizando un grado de violencia que excede aquella legitimada por el estado de derecho”, explica el trabajo.
Otros factores que tensaban el ambiente de la cárcel fueron: los pocos días y los horarios restringidos para las visitas a quienes se sometía a controles vejatorios, mala comida, escasez de teléfonos públicos lo que dificulta la comunicación con la familia (durante la visita que funcionarios de la Defensoría realizaron al penal el 16 de diciembre observaron que comenzaron a instalarse), escasa limpieza en los baños, los lugares de detención y los espacios comunes y falta de mantenimiento en una unidad de 80 años.
“Todos estos factores, sumados a una conducción regida por principios autoritarios que, según se informa, habrían quebrado el vínculo entre el personal y los internos, con la práctica de frecuentes expresiones persecutorias, desencadenaron también y casi de manera inexorable los hechos ocurridos”, resume el informe.
En el trabajo la Defensoría exhorta al Gobernador de Santiago del Estero, el radical kirchnerista Gerardo Zamora, a tomar medidas que garanticen los derechos de los detenidos y sus familiares. También le fue solicitado al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lionel Suarez, a que se cumpla el derecho a la jurisdicción.
Las 36 muertes produjeron una conmoción política y penitenciara que provocaron drásticos cambios. Después de los hechos la Gobernación firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación por el cual se envió a un grupo de penitenciarios nacionales para asesorar; se declaró la emergencia penitenciaria en la provincia; y se puso a todos los agentes santiagueños en disponibilidad.
Por último, el informa deja en claro que la mejor política es la de prevención y no la de represión. Explica que hay dos tipos de control del delito: la primaria, es la fuente del conflicto (como la pobreza o la marginación) e intenta resolverlo desde su comienzo; y la secundaria que es el poder de policía.
“La prevención secundaria de ninguna manera puede reemplazar a la primaria. Sin actuar sobre las causas, prevenir el delito se vuelve ineficaz. Se abre paso a la arbitrariedad, ya que mediante solo con un mayor control, punición y/o represión, sin la debida formación de los cuadros y sin mecanismo de control interno, las garantías de la ciudadanía se ven menoscabadas”, analiza la Defensoría del Pueblo.