En el 2005 el parlamento francés aprobó una ley que autoriza a los médicos a “dejar morir” a ciertos pacientes en estado terminal. Sin embargo, esta normativa no despenaliza la eutanasia, considerada legalmente como un homicidio.
Esta norma buscó proteger a los médicos y reforzar los derechos de los pacientes, que pueden optar por continuar o no el tratamiento, cuando el equipo de profesionales que lo trata estima que no hay esperanza de mejoría.
A su vez, el cuerpo legal expresa que aquellos estarían facultados a administrar tratamientos paliativos, incluso cuando tales medicinas puedan abreviar la vida del paciente.
También estipula que si el enfermo ha entrado en una fase de inconsciencia prolongada, podrían limitar o detener definitivamente todo procedimiento, tras haber consultado a familiares próximos y tomar una decisión con otros colegas. Adicionalmente, el afectado puede dejar un escrito con instrucciones y directivas anticipadas.
Sin embargo, esta legislación no modificó el Código Penal francés, que considera la eutanasia como un delito, punible con años de prisión o incluso la condena a cadena perpetua en determinadas situaciones.
No obstante, en el 2006, hubo un caso paradójico allí cuando la Justicia renunció a la condena de una madre y al médico que ayudaron a morir a un joven. El enfermo, que era tetrapléjico, mudo y ciego a causa de un accidente de carretera, había pedido por carta al Presidente Chirac que le permitiese morir con ayuda de su progenitora. Esta decisión en la práctica, determinó la absolución en un caso de eutanasia activa.
La imputada había inyectado una sustancia tóxica a su hijo, dejándolo en un coma irreversible. El doctor por su parte, se encargó de desconectar el respirador artificial dos días después. Ambos podrían haber sido condenados por el delito de “envenenamiento con premeditación”.
En el marco de esa causa, el juez adoptó la indicación del fiscal, quien pidió el sobreseimiento para los dos involucrados debido a las “circunstancias particulares” del caso, aunque reconoció la ilegalidad de los hechos cometidos.
En la actualidad, se reabre el debate luego de que también en Francia, una mujer se dirigió al presidente, Nicolás Sarkozy, reclamando la libertad de morir dignamente. La solicitante sufre un tumor maligno incurable en la nariz que la produce graves dolores que se incrementarán con el tiempo pues no se conoce ningún remedio para curarla.
En nuestro país, la eutanasia es un tópico que también está en el centro de la disputa. En noviembre del año pasado, la Legislatura de Río Negro aprobó una la ley de “muerte digna” que autoriza a pacientes terminales a suspender y rechazar tratamientos que les provoquen sufrimiento.
A raíz de esta nueva norma y la aparición de un proyecto presentado en diciembre desde el Senado, se abrió la discusión de la viabilidad de extender la medida a nivel nacional. La propuesta es permitir la existencia de un testamento vital anticipado, para evitar que el tratamiento médico sea intrusivo o desproporcionado.
En la redacción final se estipula que “el ayudar a morir con dignidad, preocupa no sólo a los familiares y a los que se ven tocados de manera directa por estas circunstancias, sino también a los médicos, quienes temen ser castigados por la ley bajo figuras como el homicidio por piedad, la ayuda al suicidio o la instigación a cometerlo.”
Según parece por la diversidad de posturas en los diferentes países, la eutanasia genera sentimientos encontrados. En muchos países ya se adoptaron decisiones sobre el asunto. Algunos de ellos admiten implícitamente el “suicidio asistido”, pero otros como Holanda y Bélgica la legalizaron con restricciones.