La denuncia fue interpuesta en el juzgado federal 9, a cargo del juez Octavio Aráoz de Lamadrid. En la misma se señala que existieron "irregularidades concretadas a través del otorgamiento de pauta oficial para realizar publicidad en la vía pública, que habrían sido cometidas por el Sr. Secretario de Medios de Comunicación, el Sr. Enrique Albistur".
Se contempla que esos actos "constituyen el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública previsto en el art. 265 del Código Penal, sin perjuicio de que con el avance de la investigación pueda demostrarse la concurrencia de otras figuras penales".
En el escrito también se acusa a otros dos funcionarios de haber participado en el supuesto delito. Los involucrados son el subsecretario de Gestión de Medios, Alejandro Lenzberg, y al director general de Comunicación, Gustavo Fernández Russo. Todos ellos dependen de la Jefatura de Gabinete.
La investigación comenzó por un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de mediados del 2006 sobre discriminación en la distribución de la publicidad oficial.
A partir de allí, el fiscal comenzó a analizar la composición societaria de empresas de carteles de la vía pública y otras relacionadas a la publicidad, lo que le permitió advertir que, a pesar de que Albistur accedió a la función pública en el 2003, momento en el que renunció a sus empresas a favor de sus hijos, el mismo habría continuado los vínculos con varias de ellas.
Se trata de Sisto Lemme, Grupo Al Sur, Wall Street Vía Pública, Estatic, Enterprise Publicidad, Video Market y Publicar.
Respecto a los otros dos señalados por , el fiscal enfatizó que existió una vinculación muy estrecha entre el secretario con Alejandro Lenzberg (subsecretario de Medios) y Guillermo De Lella (ex director nacional de Políticas Regionales del Ministerio del Interior).
En el escrito, se remarcó que pese a que la designación de De Lella en Interior "requería dedicación full time, durante el 2005 y el 2006, continuó cobrando haberes del grupo Alsur S.A.", lo que resultaría incompatible con su investidura de funcionario público.
Idéntica incriminación se le efectuó a Lenzberg, manifestando Garrido que "es una situación expresamente prohibida por la ley de Ética Pública en cada ocasión en la que ha intervenido a fin de que alguna de las empresas que conforman ese grupo empresario reciban pauta oficial."
Sobre la conducta del principal acusado, el fiscal entendió que el secretario y el subsecretario de Medios de Comunicación, tuvieron un interés particular "orientado en algunas oportunidades a beneficiar directamente a través de la pauta oficial en vía pública a empresas de las que todavía forman parte o tienen una vinculación muy estrecha".
En otros casos, destaca el fiscal que favorecieron "a terceros distribuyendo los recursos del Estado a empresas de las que habían formado parte y que continúan estando integradas por las mismas personas con quienes habían conformado esas sociedades".
No puede dejar de advertirse que a mediados del año pasado, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación que intentó regular la publicidad oficial.
Allí se la definía como “toda expresión comunicativa gubernamental realizada por la administración pública nacional central, entes descentralizados y autárquicos, a través de medios de comunicaciones oficiales o pertenecientes al sector privado”.
Establecía además que “la Autoridad de aplicación y control será la Secretaria de Medios de Comunicación de la Nación, que creará un Registro Público de Medios de Comunicación de la Publicidad Oficial.”
Resulta paradójico que el organismo de “control” soporte ahora sobre sus máximos responsables, acusaciones semejantes.
La publicidad oficial está regulada en los marcos provinciales. Tierra del Fuego es la única provincia que cuenta con un decreto a través del cual se estableció la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario. En él se reconoce que el reparto discriminatorio y arbitrario de la publicidad es una violación a la libertad de expresión y busca “reducir la discrecionalidad” en la colocación de la pauta.
En el 2007 también se impulsó un proyecto en la provincia de Chaco por un diputado justicialista, cuya intención se basaba en que la información pública sea preservada “de cualquier connotación propagandística o tendenciosa”. A su vez, estimaba que ésta debía canalizarse a través de la publicidad oficial, que tendría que ser objetiva.
En este año, Corrientes se unió a la iniciativa ya que recientemente un senador radical, presentó un proyecto de ley para regular la publicidad oficial y reglamentar la asignación del gasto previsto en el presupuesto provincial en concepto de contratación de espacios publicitarios, y producción de este tipo de publicidades. Por su parte, Santa Fe denunció que durante el trascurso del 2007, la Municipalidad de esa ciudad gastó 5.685.992,44 pesos en concepto de publicidad.