La iniciativa, denominada "Directiva Retorno”, fue juzgada "equilibrada" por España pero criticada por varias organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos. Ella permite el encierro de los extranjeros por 6 meses con posibilidad de extenderlo a 18 meses si el inmigrante no coopera con su repatriación o se producen demoras administrativas. Se aplica idéntica disposición para los menores que no estén acompañados por adultos.
Mediante esta medida se busca “armonizar” los procedimientos que siguen los Estados miembros en la expulsión de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país aplica sus propias directrices.
El documento estipula que el "internamiento podrá ser decidido por las autoridades administrativas o judiciales", y que podrá ser por un período de 6 meses con extensión a 18 cuando existan complicaciones en el proceso de expulsión del indocumentado. Las detenciones pueden ser decididas por orden administrativa, aunque se exige que haya un control judicial.
Esto se estipula considerando que varios estados miembros, como el Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Irlanda o Suecia, no contemplan ningún límite de detención en sus legislaciones. Otro supuesto es el de España donde no se obliga que se amplíe el plazo para el "internamiento" de inmigrantes, que según sus leyes, tiene un máximo de 40 días.
Adicionalmente, la directiva permite la detención de menores no acompañados, aunque esta medida se tomará "sólo como último recurso y por el menor tiempo posible."
Además se instruye que los inmigrantes pueden acogerse primero a un "retorno voluntario" (en un plazo de entre 7 y 30 días) y recién en caso de negarse a volver de forma voluntaria serían repatriados forzosamente. Complementando esta idea, se establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada, tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un período de cinco años.
Es importante destacar, que para lograr que la propuesta sea aceptada por la mayoría de los miembros de la UE a mediados de junio, fue necesario dirimir acerca de la obligatoriedad de brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que serán expulsadas.
Para ello, las partes acordaron incluir una base mínima de ayuda jurídica, aunque dejaron abierto el asunto a las particularidades de la legislación nacional de cada uno de los Estados votantes.
La directiva se acerca a su posible aprobación definitiva, sin embargo, fue susceptible de diversas críticas por grupos de derechos humanos, quienes sostienen que es "muy dura" y que afecta a muchas personas que deberán abandonar esos países, pese a haberse integrado satisfactoriamente a las sociedades europeas.
Organizaciones como Amnistía Internacional o el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados se oponen a la normativa porque creen que "dañará gravemente" los derechos humanos de los inmigrantes. De ser sancionada, la misma no entrará en vigencia hasta julio de 2010.
En estos últimos tiempos, aproximadamente 2 millones de inmigrantes acuden al continente europeo en busca de nuevas oportunidades. Entre los mismos, se puede citar a habitantes de Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. En tal sentido, en los últimos años se incrementó notablemente las migraciones mundiales y de acuerdo con los informes de Naciones Unidas, aumentarían en un 40% en los próximos 40 años.