El juzgado de Menores Nº 3 de Jujuy, a cargo del juez Luis Kamada, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la ONG Juanita Moro y ordenó al Estado provincial suplir en un plazo de 30 días las irregularidades en las condiciones de detención de niños y jóvenes alojados en los establecimientos penitenciarios y en las comisarías jujeñas.
A partir de las pruebas recolectadas en el caso, Kamada concluyó que se estaban violando los preceptos de la Convención de los Derechos del Niñs y varias de las pautas establecidas en las normas internacionales sobre condiciones de detención. Por lo que también dispuso la prohibición de alojamiento de niños y jóvenes presuntamente infractores a la ley penal en seccionales de la Policía.
“En términos generales, la higiene encontrada en las comisarías inspeccionadas puede calificarse de mala a regular, en el mejor de los casos, careciendo, prácticamente en su totalidad, de mobiliario alguno en el interior de las celdas”, sostiene el fallo, en tanto que grafica la situación indicando que “la existencia de un despojado colchón de goma espuma, un pedazo de él o un cuero de oveja en el piso no satisfacen ni mínimamente las exigencias que autorizarían a tenerlo por algo decente para que una persona descanse dignamente en él”.
Otra de las preocupaciones esgrimidas en la sentencia se refiere a la alimentación de los menores detenidos, la cual sostiene que es provista en muchos casos por sus familiares, “creando un sistema de verdadera precarización en su régimen de alimentación incompatible con sus derechos humanos”.
En cuanto a la responsabilidad de la administración provincial en la situación descripta, el magistrado remarcó que “la obligación de garante que cabe a los Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a las personas privadas de la libertad se ve sensiblemente potenciada cuando se trata de niños o jóvenes en infracción a la ley penal”.
De esta manera, la decisión de la justicia de menores jujeña confirma lo denunciado por los accionantes en el hábeas corpus, donde sostuvieron, a la hora de describir las condiciones de detención en comisarías, que “los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene; carecen por lo general de ventilación y luz natural”. Agregando que “no cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso”.
La demanda, se inició a mediados de 2007 después de que la ONG verificara la situación en la que se encontraban los adolescentes detenidos en establecimientos policiales y carcelarios.
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