El ministro de Justicia Aníbal Fernández presentó un escrito este semana ante el Consejo de la Magistratura en el que mostró la “honda preocupación” por la falta de cumplimiento de las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Bulacio y le pidió a los consejeros que arbitren “los medios necesarios” para analizar la actuación de los jueces que intervinieron en la causa judicial.
La presentación de Fernández fue dirigida personalmente al presidente del Consejo Mariano Candioti, que ya puso en conocimiento del pedido a la Comisión de Disciplina y Acusación. Y la misma tuvo lugar luego de que el pasado 14 de agosto la CIDH realizara en Montevideo una nueva audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia.
Allí, los representantes de la familia de Bulacio insistieron “en reiteradas oportunidades” sobre la necesidad de que el Consejo evalúe el desempeño judicial de los magistrados que intervinieron en el proceso interno para que se deslinden las responsabilidades sobre la dilación de la investigación y sanción de las responsabilidades de una causa iniciada en 1991 y que aún hoy no tiene condenados.
“De no concluirse la investigación de los hechos que generaron la responsabilidad del Estado argentino dentro del ámbito del Poder Judicial puede conllevar a que se exponga a nuestro país ante la comunidad internacional y los países de la región en un tema tan sensible como es la vigilancia efectiva de los derechos humanos en el territorio argentino”, sostuvo Fernández en el escrito.
El 18 de setiembre de 2003, la CIDH dictó sentencia en la Causa Bulacio luego de que el estado argentino admitiera su responsabilidad internacional por violación al derecho a la vida y a la integridad física, y además de disponer una sanción económica en favor de la familia de la víctima, el tribunal dispuso que el estado debía “proseguir y concluir la investigación” penal del caso.
A todo esto, a nivel interno la justicia del fuero cerró la causa contra el ex comisario Miguel Angel Espósito, acusado por la muerte de Bulacio, porque entendió que estaba prescrita la acción y tuvo que intervenir la Corte. El Máximo Tribunal de la Nación, en diciembre de 2004, decidió reabrir la causa y remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura por la demora.
La causa fue instruida por el juez Facundo Cubas, del juzgado 49, y la Sala V de la Cámara del Crimen fue la que confirmó el cierre de la misma. El Ministerio Público estuvo representado por Mónica Cuñarro, de la fiscalía 16.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.