La frase figura en la presentación que hizo el viernes pasado el flamante procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, quien pidió que el fallo de la Sala de Feria que frenó la creación del Fondo del Bicentenario sea revisado por la Corte Suprema. En el escrito, al que accedió DiarioJudicial.com, también se asegura que la Cámara “perjudicó las expectativas sobre el canje de títulos” y que provocó alteraciones en su colocación.
En la presentación que hizo el viernes pasado, la Procuración del Tesoro de la Nación –a cargo de Joaquín Da Rocha desde la salida de Osvaldo Gugliemino- cuestionó el fallo de la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, el 22 de enero último, confirmó la medida cautelar dictada por la jueza María José Sarmiento que había suspendido los efectos del decreto 2010/2009 hasta que se cumplieran los plazos constitucionales y legales. La Procuración presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia la que dirima el conflicto por la utilización de reservas para la creación del Fondo del Bicentenario.
En la presentación, a la que accedió DiarioJudicial.com, se advierte que el Estado Nacional entendió que el fallo de las camaristas Marta Herrera y Clara Do Pico –el tercer integrante del tribunal, Carlos Grecco, no intervino pues se había excusado- afectó “el interés de toda la comunidad y el equilibrio republicano”.
Da Rocha subrayó que “los actores –legisladores- carecían del interés especial” y añadió que “podían y debían ejercer sus competencias en el ámbito del Congreso, cuando conforme la ley 26.122 intervinieran en el análisis y tratamiento de los DNU”.
Los impulsores de los amparos contra el uso de las reservas fueron los diputados Federico Pinedo (Pro) y los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales.
Para impulsar la presentación ante la Sala IV de la Cámara, la Procuración del Tesoro consideró que “la postura de la Cámara implicaba tácticamente desconocer la validez de los DNU, su sustancia legislativa, su presunción de constitucionalidad [y] el cumplimiento por parte del PEN de los procedimientos formales previstos en el texto constitucional”.
Añadió que “pretender someter la viabilidad de los DNU a la convocatoria a extraordinarias –como lo hizo- implicaba desnaturalizar el instituto constitucionalmente reconocido”.
Da Rocha –quien fue consejero de la Magistratura entre 2002 y 2006- sostuvo en su escrito que la decisión de las magistradas Herrera y Do Pico “afectó las instituciones básicas de la Nación, tratándose de una cuestión de gravedad institucional” pues “suspendió la implementación de la estrategia definida por el Estado nacional para su re-inserción en los mercados de bonos”.
Desde la Procuración del Tesoro añadieron que el fallo de Cámara “perjudicó las expectativas sobre el canje de títulos” y que provocó alteraciones en su colocación.
Por último, en la presentación de este viernes se aseguró que la Cámara “omitió el marco institucional en el cual se dictó” el decreto que habilitó el Fondo del Bicentenario y concluyó: “Con su pronunciamiento el Tribunal se excedió y suplió la labor del Congreso”.