La resolución de Rodríguez Vidal fue en la causa iniciada por los diputados del peronismo no kirchnerista Graciela Camaño, Felipe Solá y Alfredo Atanasof. La magistrada decidió suspender los efectos del decreto 298/10, que autoriza el uso de reservas del Banco Central para la cancelación de deuda pública.
En una resolución de cuatro carillas, con fecha 3 de marzo, la jueza ordenó la “inmediata suspensión de los efectos” del decreto 298/10 “hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales previstos para la consideración de los DNU por el Congreso de la Nación, en los términos de la ley 26.122”.
“En éste sentido –añadió la sentencia- el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá abstenerse de disponer, de cualquier forma, de los fondos que hubieran sido girados por el Banco Central de la República Argentina al denominado Fondo de Desendeudamiento Argentino”.
Rodríguez Vidal dijo que “no es procedente que efectúe consideración alguna respecto de la legitimación activa de los solicitantes, ni de las demás cuestiones atinentes a la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora”, pues eso ya fue resuelto en enero por la jueza Sarmiento.
La respuesta presidencial
Haciendo uso de la cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “las instituciones no pueden tomar actitudes de venganza”, en clara alusión a la Justicia y al Congreso.
“Estoy dispuesta a enfrentar la condena de cualquier juez, pero no estoy dispuesta a enfrentar la condena de la Historia”, dijo en relación con el fallo de la jueza Rodríguez Vidal y añadió: “No son los jueces sino la Presidenta por imperio de la Constitución la que toma estas medidas [de uso de reservas del Banco Central]”.
La mandataria enfatizó que “algunos jueces parecen alquilados” y subrayó: “No voy a permitir que un juez defaultee la deuda”.
Rodríguez Vidal, “respetuosa de las instituciones y de las investiduras”
Luego del discurso de la Presidenta en la Casa Rosada, la jueza Rodríguez Vidal dijo que es “respetuosa de las instituciones y de las investiduras”. “Me limité a tomar las medidas que estimé pertinentes en el marco del expediente en el que me tocó intervenir”, sostuvo al tiempo que informó que le concedió la apelación al Gobierno.
La jueza ya le había dado un dolor de cabeza al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en mayo de 2008 cuando ordenó al INDEC informarle a una ONG cuál era la metodología que usa para medir el índice de precios al consumidor.