“Asistimos a una alteración de los derechos constitucionales con estas reformas propuestas por el Poder Ejecutivo”, comenzó alegando el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Luis María Cabral, en la convocatoria realizada por la Unión Cívica Radical en la Fundación Ricardo Rojas, precisamente, para debatir esta cuestión.
El mismo día que el oficialismo realizó su encuentro en la Universidad Nacional de La Matanza, desde el radicalismo impulsaron esta reunión de la que, entre otros, participaron y tuvieron un panel enteramente suyo los abogados constitucionalistas Féliz Loñ, Daniel Sabsay, Alberto García Lema y Antonio María Hernández.
Durante su intervención, Cabral señaló que “el Consejo de la Magistratura no tiene equilibrio en su composición, en la composición que propone el Gobierno nacional. Es evidente la alteración de los derechos constitucionales en términos de mayorías y mecanismos de elección de consejeros”.
Este equilibrio, según consignó el titular de la AMFJN, se vería violentado porque no se puede “pretender que uno de los órganos de la Justicia sea manejado por personas que no son idóneas, que no conocen el mundo de derecho como sí lo hacen jueces y abogados”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Alberto García Lema abrió el panel de los letrados y afirmó, en relación a los proyectos (en su mayoría convertidos en Ley), que estamos atravesando un “momento gravísimo, (…) un epitafio de la República, un modo diferente del que usaban los golpes de Estado pero igualmente devastador”.
En estos términos, recordó la reforma constitucional de 1994 y afirmó que entonces, los constituyentes buscaron resolver el problema de la politización en la elección y remoción de los jueces. Por estos motivos, entendió que “nos quieren volver a hacer atravesar una situación como esa”.
Al mismo tiempo, manifestó que la presidente Cristina Fernández intenta instalar la idea de que el Estado somos todos, y realizó una comparación con la monarquía inglesa al afirmar que “el rey aseguraba que sus decisiones eran las mejores para el pueblo, pero eran tomadas enteramente por él”.
Los posicionamientos fueron técnicos por partes, pero estuvieron cargados de connotaciones políticas y posicionamientos.
En este orden, Félix Loñ no fue menos y expresó que “la segunda parte del artículo 19 de la Constitución nacional expresa que no se puede prohibir algo que no esté estipulado en la ley. No tenemos que dejar de importar cosas o comprar dólares solo porque así lo dice Moreno (por Guillermo, secretario de Comercio de la nación)”.
También disparó contra la presidencia: “Esta señora se cree que ella es la soberana y no es así, el pueblo es el soberano, a través de sus representantes, no ella”. El letrado puntualizó que no se pueden atravesar los límites de la división de poderes “como se pretende con estas iniciativas”. Loñ aseveró que “el pueblo tiene la libertad para hacer lo que quiera, no los gobernantes, ellos tienen límites”.
El abogado enfatizó esta posición al referirse al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura: “Destruye la esencia del artículo 114 de la Constitución. Esta normativa asegura la independencia del Poder Judicial, y ahora quieren domesticarlo”.
Abocándose a cuestiones más técnicas, Loñ explicó que la composición original y pactada en una primera concepción del Consejo de la Magistratura era excelente, pero en 2006, con los cambios introducidos, se constituyeron modificaciones “nefastas”. Y al mismo tiempo, precisó que en la nueva normativa “no se distribuyen los cargos por representación sino por mayoría simple. Si un partido es el más votado se lleva puesto al Consejo”.
Alberto García Lema, quien formó parte de la reforma constitucional de 1994, explicó que cuando se llevó a cabo la reunión entre los constituyentes, hubo un acercamiento de propuestas e ideas de todas las fuerzas políticas, tanto de arco de la derecha como de la izquierda. Es por eso que el consenso al que se arribó entonces era, “sin dudas, amplio y consensuado”.
Por eso, el letrado reprochó que las ideas del Ejecutivo vengan a “terminar con el debate de más de diez años que se llevó a cabo previamente a la reforma”.
La contrapropuesta del abogado fue “prevenir la ruptura del consenso al que se llegó en 1994, en un amplio acuerdo de muchas fuerzas políticas que tuvo el debate que le correspondía”, a la vez que dijo que, de otra forma, se constituirá un avance contra las instituciones de la República.
Por su parte, Antonio Hernández, quien además de formar parte de la constituyente de 1994 también fue legislador por la UCR. Empezó sus fundamentos preguntándose “¿quién puede estar en contra de la democratización de la Justicia? ¿Cómo no lo vamos a intentar? Democratizar sindicatos, instituciones y la misma Justicia es algo que puede ser positivo, por eso voy a aclarar qué críticas se deben hacer a estas iniciativas”.
En primer lugar, reconoció que no está mal que se pretenda crear un acceso igualitario al Poder Judicial. Pero señaló que “hay una trampa: en los cargos más bajos se ingresa por idoneidad, mientras que en los más altos se elige entre una terna de 20 personas. Aquí está el problema. La lista es harto extensa”.
También alegó que gracias al “deterioro institucional que sufrimos, es evidente que la idea de que las declaraciones juradas sean públicas es importante”. Por último, manifestó su apoyo a la iniciativa que prevé el acceso vía web a las resoluciones y fallos de la Corte Suprema (que remarcó que ya lo hace) y tribunales federales de segunda instancia.
Pero sus críticas no se hicieron tardar, y por eso Hernández se apresuró a señalar que “la abrumadora mayoría de la doctrina nos pedía que superemos la politización de la Justicia (en 1994), por eso decidimos idear un Consejo de la forma en que lo hicimos”.
Además, consignó que “con la limitación a las medidas cautelares contra el Estado se pierde toda oportunidad de recibir un tratamiento justo, ya que debido a las demoras a las que nos tiene acostumbrados el Poder Judicial, es dable reconocer que solo este recurso nos permitía acceder a un amparo pronto de nuestros derechos”.
dju
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