Un buen contrato de palabra para el abogado

En los autos "Madueña Norberto Luis y otro c/ Petit de Afonso Marta Alicia y otros s/ alquileres - daños y perjuicios", los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul consignaron que debía presumirse que los pagos en concepto de alquiler que recibía el abogado de los locadores habían sido recibidos por ellos.

Los magistrados se manifestaron en este sentido al recordar que existía un contrato verbal entre las partes que permitía que el letrado percibiera esos montos. De este modo, se rechazó el reclamo de los canones que los accionantes afirmaron que no recibieron.

En su voto, la jueza Lucrecia Comparato consignó que "como quedó plasmado la sentencia de grado desestimó el reclamo de la actora por el cobro de los cánones locativos correspondientes a octubre de 2006 a febrero de 2007, estimando probado el pago mediante los recibos extendidos por el Sr. Bianchi en su carácter de empleado del estudio Noseda Edgell, el apelante se agravia diciendo en síntesis que no le resultan oponibles los recibos de pago extendidos por quien no se encontraba autorizado a tal fin. Que la única legitimada para percibir los alquileres era la escribana Silvia Vivarelli de la ciudad de Tapalqué".

"Adelanto que no es de recibo el agravio, veamos. Al prestar declaración la Escribana Vivarelli manifestó que entregó la documentación al Sr. Madueña para que contratara otro profesional (fs. 302), coherente con tales dichos, presta luego declaración el Dr. Noseda Edgell, a fs. 303/304 quien manifiesta: "el Sr. Madueña que vive en Tapalqué nos solicitó a nuestro Estudio Jurídico que, en su nombre y representación, recibiéramos los cánones locativos que debía abonar un Señor de apellido Pérez. Ello, por cuanto hasta ese momento quien había recibido los alquileres era la Esc. Vivarelli y, por alguna razón que no recuerdo, lo dejó de hacer"", señaló la magistrada.

La camarista consignó que "una vez que le fue exhibida la documentación glosada a fs. 58 "no reconoce como propia ninguna de las firmas insertas en los recibos", aunque "advierte de la caligrafía, que los recibos agregados a fs.56, 57, y 58 de los autos principales, habría sido confeccionados por el Sr. Leandro Bianchi, empleado de su Estudio Jurídico". Tal testimonio claro y contundente no ha sido cuestionado ni desvirtuado por el apelante, convalidando de ese modo tales dichos".

La vocal precisó que "resulta válido aquí señalar que el primer testigo mencionado resulta ser un abogado de la matrícula y que su testimonio debe analizarse teniendo en cuenta ello, máxime que en su caso ante lo declarado queda expuesto a posibles reclamos por parte de los actores si no hubiera cumplido debidamente con su mandato, ha de tenerse presente también, como ya lo señalara, que no se han manifestado éstos en relación a sus dichos (art. 456 cpcc)".

La integrante de la Cámara espetó que "al respecto Fenochietto citando un fallo de la Sala II de la Cám. Civ. y Com. De Mercedes dice: "Puesto que todo testigo es ofrecido por parte interesada, si su declaración es o no veraz es cuestión que debe controlar la contraparte por medio de los mecanismos previstos por la ley" (Fenochietto "Código.", pag. 509), allí continua diciendo "la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha precisado que para la exacta valoración del dicho de los testigos, se deben tomar en cuenta ciertos factores de cuya concurrencia dependerá la credibilidad del mismo, tales como idoneidad, moralidad, intelectualidad, afectividad, verosimilitud, concordancia, exposición, razón del dicho"".

La sentenciante expresó que "aceptando y teniendo por cierto, conforme los conceptos antes vertidos, los dichos del testigo puede inferirse que los actores habían otorgado un mandato verbal al profesional mencionado y desde tal figura ha de analizarse la cuestión, sabido es que el mandato puede ser expreso o tácito y que el expreso puede darse por instrumento público o privado, cartas y también verbalmente (art. 1873 C.C.)".

Comparato indicó que "dable es aclarar que, el Sr. Juez de la instancia de origen no lo tipificó así, habiendo dejado un claro en la normativa que sustenta su decisión, de modo tal que, no se vulnera el principio de congruencia al tipificarlo en esta instancia, aplicando a su vez el principio iuranovit curia. Es así que, la cuestión atinente al pago realizado en el estudio jurídico ha de enmarcarse en lo que se denomina "mandato expreso verbal"".

"Tal como lo establece el art. 1873 del Código Civil y en coincidencia con lo que el mismo Código dispone en los arts. 915 y 917, según como se manifieste la voluntad contractual, el mandato puede ser expreso o tácito.- Como indica el artículo, no se exigen formas especiales para el otorgamiento, ya que en una simple ejemplificación se señala el instrumento público, el privado, las cartas y la oralidad. La disposición es coincidente con lo que expresa el art. 974 sobre la libertad de las formas, aunque como excepción, en algunos supuestos específicos se exige la escritura pública", precisó la jueza.

La magistrada sostuvo que "en el mismo sentido se ha resuelto: "Puesto que la operación llevada a cabo por el mandatario -en el caso, retiro de los repuestos y trabajos de tornería realizados en la máquina sembradora del demandado-no se encuentra referida a ninguno de los supuestos contemplados por el art. 1184 inc. 7 del Código Civil, no resultaba necesario que el mandato sea hecho en escritura pública, pudiendo en consecuencia probarse por medio de testigos en la forma en que lo habilita el art. 1190 del Código Civil, tanto más cuando el mandato expreso puede darse incluso verbalmente -art. 1873 del Código Civil-"".

"También puede considerarse, en este caso, que el mandante incluso ha ratificado el acto celebrado en su nombre, ya que ella también puede ser expresa o tácita. Este resultará de cualquier hecho del mandante que importe una aprobación de lo que hubiere realizado el mandatario, siendo que la ratificación equivale al mandato, y ello puede inferirse de la actuación posterior de los actores quienes no han negado que retiraron las llaves del inmueble locado del estudio del Dr. Noseda sin objetar su actuar y no han iniciado acción alguna al respecto.- Por lo expuesto resultan oponibles los recibos cuestionados (art. 1946 C.C.) y en consecuencia han de desestimarse los agravios impetrados", completó la camarista.