El Senado bonaerense aprobó esta semana un proyecto de ley que extiende el alcance de la probation en la provincia de Buenos Aires. La norma modifica el artículo 404 de la Ley 11.922, el que quedaría redactado de la siguiente manera: “El imputado de un delito de acción pública cuyo juzgamiento corresponda a los jueces correccionales, conforme el artículo veinticuatro de este Código, podrá solicitar la suspensión del proceso a prueba”. De esa manera, quedarían excluidos todos aquellos delitos en su modalidad agravada (por ejemplo el robo con armas tiene una pena de 15 años de máxima).
El artículo 1 del proyecto aclara que para que prospere el beneficio “será necesario el consentimiento del Fiscal, quien podrá denegarlo teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la repercusión social del hecho y otros elementos de convicción” y que no procederá la suspensión “en el caso de delitos en que hubiese participado un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
La finalidad de la reforma propuesta es descomprimir las fiscalías y juzgados correccionales de causas menores y dedicar los recursos materiales y humanos a causas importantes. La aprobación se da en la misma semana que la Cámara de Casación habló de “emergencia” y de “saturación”, y horas después que unos 14 mil presos suspendieran una larga huelga de hambre en reclamo de agilización de los expedientes.
La iniciativa presentada por la diputada justicialista Mónica Litza determina también que en los casos de concursos de delitos “el imputado podrá solicitar la suspensión del proceso a prueba siempre que la suma de los máximos previstos para los distintos hechos no excediere de seis años de reclusión o prisión”.
“La suspensión del proceso será dejada sin efecto si con posterioridad a la resolución se conocieren circunstancias que impliquen la modificación de las condiciones previstas en los artículo 404 y 404 bis del Código Procesal. No se admitirá una nueva suspensión del proceso respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior”, según el artículo 404 quater propuesto.
La autora del proyecto aseguró que su iniciativa cuenta con el aval del ministro de Justicia de la Provincia, Eduardo Di Rocco; del presidente de la Suprema Corte bonarense, Francisco Roncoroni; y de la Procuradora General, María del Carmen Falbo, lo que seguramente impulsará la sanción definitiva del proyecto.
El fiscal de juicio de La Plata, Rubén Sarlo admitió que la ampliación de la probation podría provocar una liberación de cientos de personas detenidas por robos a mano armada, pero aclaró que “cada fiscal tendrá que tener mucho cuidado con el criterio selectivo” a la hora de disponer quién está en condiciones de realizar tareas comunitarias sin que esto implique un peligro para la sociedad.
En la actualidad, el sistema de la probation sólo contempla delitos con penas de hasta tres años de prisión (robo simple, tentativa de robo, hurto, daños, etc.) y no prevé aquellos con accesoria de inhabilitación (homicidios culposos).
dju / dju
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