Para eso, la iniciativa prevé que a pedido de las partes o por convocatoria de un juez antes de la subasta, se practique una liquidación total de la deuda en la cual se llegue a alguna modalidad de pago y cuyas cuotas no podrán superar el equivalente al 25 por ciento de los ingresos de la familia. En el caso de personas con discapacidad o enfermedad terminal no podrá ser mayor a un porcentaje de entre 15 y 20 puntos.
Este procedimiento de “emergencia” es por tres años y para los casos de ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales de vivienda única y familiar o que tenga fines laborales. El proyecto establece que se tendrá en cuenta si la vivienda fue financiada con fondos del Estado provincial o nacional, de bancos, de deudores privados, de créditos hipotecarios pesificados, o se hayan pactado intereses usurarios, capitalización de intereses, cláusulas de caducidad de los plazos o el sistema francés.
La liquidación de la deuda podrá ser pedida, en cualquier momento del proceso, por los deudores o acreedores. Mientras que el juez estará obligado a intervenir antes de la subasta para evitar la ejecución del inmueble.
“Los jueces ejercerán sus facultades, sobre la base de los derechos constitucionales de propiedad, y de acceso a una vivienda digna y la protección integral de la familia; teniendo en cuenta las normas de emergencia pública y aquellas de alcance general que versan sobre la imprevisión, el enriquecimiento indebido, el desequilibrio de las prestaciones, el abuso del derecho, en especial la usura y el anatocismo, los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres, el orden público y la lesión”, encuadra el proyecto al trabajo de los magistrados.
El proceso de liquidación no podrá durar más de 3 meses pero podrá ser prorrogable una vez por ese mismo plazo. El pedido de las partes o la convocatoria del juez suspenden la ejecución de la vivienda.
El proyecto fue presentado por el diputado provincial Alfredo Antonuccio (Frente para la Victoria) y ya fue aprobado por la Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda de Diputados y está siendo analizado por la de Legislación General. En sus fundamentos, señala que con la caída de los ingresos quienes tomaron un crédito hipotecario “entraron en mora con respecto al pago de las cuotas mensuales de los créditos contraídos, lo que llevó a una complicada situación social porque no sólo se había agravado a los sectores sociales ya excluidos, sino que empobreció también a los sectores medios”.
Prorrogan suspensión de ejecuciones de viviendas
Por otra parte, la Legislatura bonaerense prorrogó hasta diciembre de 2008 la ley que suspende las ejecuciones hipotecarias para viviendas únicas y familiares o que se utilicen de manera productiva que no tengan una valuación fiscal superior a los 200 mil pesos.