Las mencionadas son sólo algunas de las penas con que se tiene previsto castigar a los conductores imprudentes en Inglaterra, a partir de infracciones o delitos de seguridad vial. Además, se contemplan sanciones para quienes cometan la llamada “conducción descuidada”, dentro de lo que se incluye –por ejemplo- distraerse al sintonizar la radio o al encender un cigarrillo.
En el nuevo código también se regula la “conducción desconsiderada”, según la cual los chóferes de micro que creen sensación de alarma entre sus pasajeros al manejar, serán castigados a pagar 3.500 euros de multa.
La norma sólo regirá en el país de Gales y en Inglaterra. A su vez, se establecieron otras medidas como: 12 meses de cárcel para quienes se nieguen a someterse a un examen de alcoholemia, cinco años por conducir temerariamente, y seis meses para los que sean encontrados a más de 110 km/h en ciudad, o a más de 180 km/h en la ruta.
Estas medidas parecen ser consecuencia de la alarmante y creciente cantidad de muertes por accidentes de tránsito. En tal sentido, en el 2003 la Comunidad Europea le exigió a sus miembros que redujeran a la mitad el número de víctimas fatales.
En consecuencia y en similar sentido a la reforma ahora introducida por Inglaterra, el 22 de noviembre pasado España aprobó una reforma en su Código Penal. Allí fijó multas de hasta 280.000 euros para los delitos más severos en materia de seguridad vial.
Curioso resulta que en el caso español infracciones como maniobrar sin balizas no han sido penadas. Pareciera que el nuevo código inglés resulta entonces más severo, ya que en él puede considerarse homicida al infractor. No obstante, en España “han tenido un efecto mayor que el esperado”, opinó el director de Tráfico del Gobierno vasco, Andoni Arriola, en una reunión parlamentaria.
Muy distinta es la situación de nuestro país en términos de seguridad vial respecto de Inglaterra o España, más aún teniendo en cuenta que en la Argentina los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en personas de hasta 35 años.
Pese a que el Poder Legislativo nacional declaró al 2007 el Año de la Seguridad Vial, el Senado no comenzó todavía a tratar el proyecto de ley impulsado por familiares de víctimas que busca revertir la situación. Ese proyecto determina como delito el correr picadas o competencias ilegales, con penas de entre seis meses y tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación para conducir.
Es claro, en vísperas al cierre del año 2007, que quedará para el 2008 el tratamiento de estos temas. Habrá que ver qué lugar ocupa en las agendas de la actual mandataria Cristina Fernández, para su primer año de mandato presidencial.