La extradición está regulada en nuestro país a través de la ley 24.767 promulgada a principios de 1997. Esta ley, denominada: “De Cooperación Internacional en Materia Penal”, buscó corregir errores de metodología, llenar los vacíos legales y aceptar los criterios jurisprudenciales que se venían indicando, especialmente aquellos fallos que sirvieron como precedentes, provenientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La solicitud de extradición, debe cursarse por la vía diplomática y librarse de conformidad a lo establecido en el tratado vigente o, ante su inexistencia, en orden a las previsiones de la ley 24.767. También, dependiendo de cual sea el país requerido, podrá solicitarse la detención a través de una Circular Roja emitida por el Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina.
El Estado requerido tiene el derecho y la obligación de examinar si la extradición es admisible según las propias leyes internas o los convenios con el Estado demandante.
Particularmente en los casos de extradición entre Argentina e Italia, se firmó un convenio entre ambos países vigente desde el año 1989, mediante la aprobación de la ley 23.719.
Tal convenio estipula en su artículo 1º que “cada parte se compromete a entregar a la otra parte, según las normas y de acuerdo a las condiciones previstas en la presente convención, a las personas que se hallaran en su territorio y que se encontraren sometidas a proceso penal o fueran buscadas para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad por la autoridad judicial de la otra parte”.
En el caso en cuestión, la Justicia italiana solicitó la extradición de 140 represores sudamericanos por la colaboración que se prestó entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor. Se trató del plan de coordinación represiva que ejecutaron varias dictaduras de América latina entre los años 70 y 80, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Las capturas fueron solicitadas por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998. El pedido lo realizó a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur.
La solicitud incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido al ex represor Augusto Pinochet.
Entre otros implicados figuran el ex comandante en jefe del ejército durante la última dictadura argentina, Jorge Rafael Videla, el ex responsable de la Marina, Emilio Eduardo Massera, y el ex jefe de la junta militar uruguaya Juan María Bordaberry. Las acusaciones van desde el secuestro de persona hasta el homicidio agravado.
En la causa que se tramita en el país europeo, se investiga los asesinatos de 25 ciudadanos de origen italiano.
El origen de los pedidos de detención, fue la captura de Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya, el cual fue arrestado el pasado lunes en Salerno. Ese mismo día, fue trasladado a una cárcel de Roma para que próximamente preste declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.
No es la primera vez que la Justicia italiana acusa a militares argentinos por la desaparición de ciudadanos provenientes de ese país, sino que en los últimos años ya se celebraron dos juicios.
En el primero de ellos, se condenó a prisión perpetua a los ex generales Guillermo Suárez Mason y Martín Omar Riveros, junto a otros cinco ex miembros de la prefectura. En el segundo, se condenó a cinco ex miembros de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), entre los cuales se encontraba Alfredo Astiz, Jorge Acosta y el recién fallecido Héctor Febres.
Todos estos fueron hallados culpables del secuestro, tortura y homicidio voluntario premeditado de tres ciudadanos ítalo-argentinos. Por este mismo caso, la Justicia italiana había pedido enjuiciar al ex almirante Emilio Eduardo Massera, pero esto no se pudo llevar a cabo debido a su "débil estado de salud mental".
En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó a fines de 1999. Luego de ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado, el juez federal Sergio Torres, resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 argentinos responsables de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.