Las compañías “tendrán la responsabilidad de proceder a la reconstrucción o reparación de la vía pública, en los casos en que hayan efectuado roturas con motivo de sus obras de extensión, renovación, conexión o reparación de sus instalaciones”. Mientras que el Gobierno es el fiscalizador de las obras y el guardián del espacio público de la ciudad.
Así lo sostuvieron los jueces Ricardo Li Rosi, Jorge Escuti Pizarro y Hugo Molteni, integrantes de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el fallo de septiembre pasado caratulado “Vivas Victoria Esmeralda c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios”, en el que condenaron al Gobierno y a Edesur a indemnizar con 26.000 pesos a una mujer de 55 años que tropezó con un pozo que no fue tapado luego de realizarse allí trabajos de instalaciones eléctricas.
En esa resolución, los magistrados resaltaron que al Gobierno le “correspondía fiscalizar el correcto arreglo de la vereda en cuestión, ya que una deficiente señalización o terminación de aquéllas le imponía la obligación de intimar a la empresa de servicios públicos a efectuar correctamente dicha tarea o a realizarla por sus propios medios, para evitar que se convierta en una fuente de peligro para terceros”.
Sobre Edesur, los camaristas afirmaron que “debió dejar la acera en perfectas condiciones de transitabilidad una vez efectuadas las reparaciones o cuanto menos colocar señales claras para advertir a los peatones del inminente peligro”.
En otro fallo de noviembre de 2006, los magistrados de la Sala F de la Cámara Civil, José Luis Galmarini y Eduardo Zannoni, en los autos caratulados “Pettigiani Guillermo Agustín C/ NSS S.A. y otros d/daños y perjuicios”, condenaron al Gobierno y a la empresa NSS S.A. a indemnizar con 17 mil pesos a un hombre que cayó en la calle luego de tropezar con una tapa de sumidero mal colocada.
Los jueces dijeron que “pesa sobre el gobierno de la Ciudad (o de la ex Municipalidad) el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro”.
Pero no siempre la comuna es culpable de la presencia de baches o el mal estado de las calles. Todo depende de los casos y sus circunstancias. Además, a los tribunales civiles llegan casos por accidentes en la vía pública por la mala conversación del espacio público.
Este miércoles Macri anunció que comenzará a aplicar la ley que prevé multas de hasta 150 mil pesos para aquellas empresas de servicios públicos que hagan baches sin la autorización del Gobierno o en el caso que los dejen sin tapar.
El Ejecutivo porteño anunció el miércoles en una conferencia de prensa que hizo en la calle Mariscal Sucre al 1000 en el barrio de Núñez, donde había cuatro baches, que AySA y Metrogas son algunas de las empresas que serán multadas. Además, Macri prometió que en tres años estarán tapados todos los pozos de la ciudad.