En un juicio tramitado en los Estados Unidos un abogado fue multado con 10.000 dólares porque aportó como prueba mensajes de texto que, tras un peritaje informativo, se probó que eran falsificados.
En el marco de un proceso laboral en EEUU, un tribunal analizó una petición de sanciones a un letrado por supuesto fraude ante el tribunal en lo referente a las pruebas y por su mala conducta, ya que según la contraparte el mismo había presentado una serie de mensajes de textos falsificados en apoyo a su acción.
La parte contraria al letrado acompañó su teléfono celular para probar que los mensajes acompañados en realidad no habían sido enviados a ese móvil, pero según el juez de la causa el hecho de que en ese momento faltaren en el teléfono móvil de la demandante no era prueba suficiente para concluir que hubo una fabricación de prueba por parte del letrado, toda vez que para ello se requeriría de prueba forense como por ejemplo la verificación de los metadatos del teléfono del destinatario que descarten cualquier borrado o manipulación y en el del demandante que permitan ver la hora, fecha y circunstancias del borrado, ausencia de daños en el teléfono o prácticas de sobreescritura de datos del operador de telefonía móvil.
Pero ante la ausencia de tales pruebas de “fabricación”, el magistrado entendió que no se podía llegar a un estándar de admisibilidad en el juicio.
En el marco de una audiencia el juez ordenó al abogado que entregue el celular para su análisis pericial y ... se concluyó en que el demandante no había presentado otros mensajes de texto que fueron descubiertos tras la pericia, además se determinó que mensajes fueron eliminados manualmente y cuales fueron alterados para sustentar la acción, por lo que se concluyó en que existió un fraude por parte del letrado que produjo la prueba fraudulenta de mensajes de texto para apoyar su reclamo, lo que el magistrado consideró “atroz”.
Finalmente en el marco de una audiencia el juez ordenó al abogado que entregue el celular para su análisis pericial y una vez producido el informe se concluyó en que el demandante no había presentado otros mensajes de texto que fueron descubiertos tras la pericia, además se determinó que mensajes fueron eliminados manualmente y cuales fueron alterados para sustentar la acción, por lo que se concluyó en que existió un fraude por parte del letrado que produjo la prueba fraudulenta de mensajes de texto para apoyar su reclamo, lo que el magistrado consideró “atroz”.
Finalmente ordenó al abogado que reembolse al demandado los costos que demandó la pericia los que cuantificó en 10.000 dólares.
Así el juez si bien no descartó el caso, limitó la presentación de pruebas, ordenando que el demandante no pudiera presentar como prueba esos mensajes fraudulentos, lo que si podían ser utilizados por el demandado para impugnar la credibilidad del actor.
Finalmente ordenó al abogado que reembolse al demandado los costos que demandó la pericia los que cuantificó en 10.000 dólares.