Worlcoin es una empresa conocida por “escanear el iris” de las personas a cambio de criptomonedas. En Argentina fue denunciada en agosto de 2023 por el tratamiento de datos personales, tema que fue investigado por la AAIP.
Igual camino siguieron otros países donde la actividad desplegada por la firma fue duramente cuestionada, como fue el caso de España donde se dictó una cautelar en su contra para prohibirle tratar datos personales, tema que finalmente llegó a un acuerdo en junio que suspendió la actividad de la empresa en el país por un tiempo.
En Argentina, si bien los avances en la investigación de la AAIP fueron tratados en esta nota, en paralelo la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica pidió informes a la compañía llegándose inclusive a clausurar algunos locales donde la firma llevaba adelante la obtención de datos biométricos mediante su dispositivo ORB.
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dieron a conocer que la provincia sancionó a la compañía con una multa de $194 millones, ordenándole que suprima las cláusulas abusivas contenidas en sus contratos de adhesión
Para el organismo bonaerense la empresa incurría en supuestas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y a las Resoluciones 53/2023 (de la Ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor) y 994/2021 (de la ex SCI de la Nación).
A punto tal que desde el gobierno bonaerense dieron a conocer que la provincia sancionó a la compañía con una multa de $194 millones, ordenándole que suprima las cláusulas abusivas contenidas en sus contratos de adhesión.
Según expresaron las autoridades a raíz de las actividades de fiscalización desplegadas, se comprobó que “la empresa no solicitaba acreditación de identidad ni exhibía señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales sensibles de menores de edad”.
Entre las cláusulas que consideró la provincia como abusivas para los consumidores, había algunas que “habilitaban a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso” o las que “obligan a usuarios y usuarias a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable para residentes en la Argentina, sean las leyes extranjeras (Islas Caiman)”.
Además, indicaban que, ante un eventual conflicto, se debía resolver en “un arbitraje en California, Estados Unidos”, lo que iba en contra del CCCN.
Ariel Aguilar, Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, comentó al área de prensa de la provincia que “Siguen sin respondernos donde son almacenados los datos biométricos personales de los bonaerenses”, dado que existían contradicciones entre lo informado por la empresa (se destruyen) y lo que dicen los contratos (son almacenados en otros países).