Diputados aprobó la prórroga este miércoles por la noche (el Senado le había dado media sanción el 17 de mayo) con los votos de todos los bloques, excepto los del macrismo que lo hizo en contra. En esa misma sesión, el presidente de la Cámara de Diputados Alberto Balestrini, dijo que en 10 días se realizará una reunión para conformar una comisión tripartita entre las dos cámaras del Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional para encontrar una solución de fondo al problema.
Esta es la tercer prórroga consecutiva que suspende los remates de viviendas única, familiar y de hasta 100.000 dólares, adquiridas con créditos privados durante la convertibilidad y que con la devaluación se triplicó su deuda. La primera fue en noviembre del 2005 por 180 días; y la segunda por otros 90 días en marzo de este año. La diferencia con las dos anteriores, es que esta nueva prórroga es por días hábiles.
En noviembre de 2003 el Congreso de la Nación creó un Fondo Fiduciario en el Banco Nación que refinanciaría los créditos de acuerdo a las posibilidades de cada deudor y cancelaría la deuda con el acreedor. Pero la Justicia Civil declaró, en la mayoría de los casos, inconstitucional ese Fondo Fiduciario y las Salas del fuero optan por aplicar la teoría del esfuerzo compartido. Esto es que el deudor y acreedor se hacen cargo del 50% del aumento que produjo la devaluación, sino la vivienda va a remate.
La solución judicial está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Si bien el máximo tribunal ya paro varios remates de viviendas, los ministros aseguraron el año pasado que hasta que la Corte no se complete con sus nueve integrantes no trataran el tema de la pesificación.
Si o si los diputados debían tratar la extensión de la prórroga en la sesión de este miércoles. Es que el próximo 4 de junio vencía la suspensión de las ejecuciones y a partir del lunes todas las viviendas volvían a quedar en situación de ejecución.
Según la Asociación de Deudores Argentinos (ADA) son 8.576 las personas que están acogidas dentro del fideicomiso. Desde ADA impulsan como solución que el Estado se haga cargo de la diferencia entre el esfuerzo compartido y el valor original de la deuda. Aseguran que debería desembolsar cerca de 280 millones de pesos tomando una cantidad de 12.000 deudores.