Esta es la tercera vez que se suspenden las ejecuciones hipotecarias. La primera fue por 120 días y se aprobó en noviembre del 2005; y la segunda en marzo de este año por 90 días. Ese plazo vence el próximo 4 de junio. Antes de esa fecha la prórroga debe ser aprobada por Diputados, sino las viviendas hipotecadas estarían nuevamente en situación de remate.
La situación involucra a deudores privados que tomaron créditos en dólares con, por ejemplo, escribanías. Frente a la devaluación del 2002 la deuda se vio triplicada y el Congreso sancionó la Ley 25.798 por la cual se creo un Fondo Fiduciario en el Banco Nación que tomaría los créditos, los pesificaría, y refinanciaría de acuerdo a las posibilidades de ingresos de cada deudor y, por otro lado, cancelaría el crédito con el acreedor original.
Pero la Justicia Civil declaró inconstitucional esa ley y la mayoría de las salas del fuero aplica la teoría del esfuerzo compartido: deudor y acreedor se hacen cargo del 50% del aumento que produjo la devaluación. Si el deudor no paga, la vivienda va a remate. Muchos deudores recurrieron en queja a la Corte Suprema, que en algunos casos paró las ejecuciones.
En la sesión de este miércoles el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, que votó en contra de la prórroga, presentó un proyecto para aplicar un per saltum excepcional y que las causas de los deudores hipotecarios sean enviadas a la Corte Suprema. También propuso que el Estado se haga cargo de la diferencia entre el deudor y el acreedor. Pero ambas iniciativas fueron rechazadas por los senadores oficialistas.
“La posición del bloque es demostrar que estamos en contra de la postergación permanente del debate que intentaría encontrar una respuesta definitiva a una cuestión tan largamente postergada”, dijo el senador radical Ernesto Sanz a través de un comunicado. La prórroga fue aprobada por 43 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Al problema de los deudores hipotecarios resta encontrarle una solución de fondo que todavía no ha llegado pese a que en noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo dijo que estaba preparando un proyecto en ese sentido.
La Asociación de Deudores Hipotecarios (ADA) propone que el Estado se haga cargo de la diferencia que surge del esfuerzo compartido. Según cálculos de ADA el Estado debería pagar cerca de 280 millones de pesos tomando una cifra de 12.000 deudores.