La extensión se debe a que el 3 de noviembre del año pasado el Congreso suspendió los remates por 120 días pero eso plazo venció el pasado 6 de marzo. Ante la urgencia, el proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, se aprobó en un mismo día; el senado lo hizo al mediodía y diputados por la tarde.
La iniciativa también contemplaba abrir una instancia de conciliación entre el deudor y el acreedor para que el primero haga una oferta de pago. Pero ese punto fue retirado del proyecto por la oposición de todos los bloques del Parlamento, incluido el oficialista.
En la reunión del martes de la Comisión de Legislación General del Senado el asesor legal de la Asociación de Deudores Argentinos (ADA), Mario Díaz, le explicó a los legisladores que ese punto significaba convalidar el esfuerzo compartido que falla la Justicia Civil: deudor paga dos pesos por cada dólar debido.
Además de suspender por 90 días las ejecuciones, la ley frena los desalojos y reabre el fideicomiso del Banco Nación.
Pero ahora resta encontrar la solución al fondo del problema. Y para eso ya hay una propuesta. Fue la que ADA presentó el año pasado en el Senado para que el Estado se haga cargo de la diferencia que surge del esfuerzo compartido. Según cálculos de la Asociación el Estado debería pagar cerca de 280 millones de pesos tomando una cifra de 12.000 deudores.
El proyecto lo tomó el senador nacional Carlos Rossi, del partido del intendente de Córdoba Luis Juez, y le dio entrada parlamentaria. En dialogo con DiarioJudicial.com la tesorera de ADA, Gladys de Ferro, contó que en la sesión de este miércoles los senadores radicales Rodolfo Terragno y Miriam Curletti apoyaron la iniciativa.